By SALVO SU MEJOR OPINIÓN, el 2021 fue el año de la recuperación del aliento productivo en Baja California. Si bien la pandemia del Covid llegó todavía con fuerza a enero pasado, el programa de vacunación que mantuvo de manera consistente y plausible el Gobierno del Estado, logró neutralizar al flagelo y dio la oportunidad de que volviéramos a la actividad con menos temores, pero aun con la guardia alta. A mitad de año, el optimismo era ya generalizado y el gobierno empezaba a moderar las restricciones para que todos nos pusiéramos a trabajar.
Ese era el ambiente que prevalecía en la entidad cuando llegó la hora de una nueva campaña electoral para renovar la gubernatura, los municipios y los congresos local y federal. La política no podía faltar para poner su marca en este año que termina.
Baja California y su voluntariosa comunidad fueron testigos de esos comicios en los que participaron nuevas corrientes y marcas partidistas como Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Solida- rio y los ya tradicionales que se coaligaron para competirle al morenismo que ya venía gobernando al estado.
Fragmentada como estaba, a pesar de que se crearon alianzas variopintas como la hecha entre el PAN, PRI y PRD, la oposición no tuvo oportunidad de escalar en el ánimo popular y, de la mano del gobernador de entonces, Jaime Bonilla, el morenismo se impuso en las urnas, el primer domingo de junio, en todo el territorio estatal, incluyendo el Congreso del Estado.
Victoria aplastante y elocuente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Baja California que aún tiene en su fundador y Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su principal atracción e impulso.
Con el triunfo de la ahora gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, natural y necesariamente llegaba a su fin el mandato y liderazgo omnisciente del ingeniero Jaime Bonilla.
Entre junio y julio, la población de Baja California había alcanzado ya la llamada “inmunidad de rebaño” gracias al esfuerzo sostenido de las autoridades sanitarias del estado y al apoyo recibido en esta monumental tarea de parte del Gobierno de México y la cooperación del Gobierno de Estados Unidos que envió a esta frontera un millón 300 mil dosis del antígeno Johnson & Johnson, para los jóvenes mayores de 18 años.
Estábamos en el umbral de la nueva normalidad y gobierno, fuerzas productivas y sociedad en general se preparaban para reanudar todas las actividades económicas que habían estado restringidas desde marzo del 2020.
La industria manufacturera y la maquila reanudan actividades al 100 por ciento, y el comercio y servicios como el turismo, los eventos masivos y otros operan con algunas restricciones. Ya se respiraba otro ambiente económico en la entidad.
Con ese ánimo, con esas nuevas condiciones de salud pública y con ese nuevo escenario político, comenzó la transición de los gobiernos del estado, de los seis municipios (San Quintín nombraría solamente a los miembros de un Concejo Municipal) y la renovación del Congreso local.
De manera escalonada toman protesta en octubre los ganadores de los comicios de junio para las presidencias municipales. Araceli Brown, en Playas de Rosarito y Armando Ayala, en Ensenada consiguen la reelección, y llegan por primera vez al poder Monserrat Caballero en Tijuana, Norma Bustamante en Mexicali y Darío Benítez en Tecate.
Luego del éxito de las campañas de vacunación,
la economía se restauró en la entidad.
En este tramo del año y ya instalados en sus respectivas alcaldías, las primeras autoridades municipales tuvieron que decidir si aprobaban o no la municipalización de los órganos operadores del agua; incluso, desde antes de que concluyeran los anteriores trienios ya se había puesto sobre la mesa de los munícipes, este tema que generó controversia y roces políticos.
Este asunto del agua puso de manifiesto que en Baja California se estaba fraguando un nuevo estilo de gobierno y una nueva agenda de prioridades.
Como se recordará, previamente se había promovido una sus- pensión del proceso de municipalización del agua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el máximo tribunal sentenció que todo quedaba en suspenso respecto de esa iniciativa del aún gobernante, hasta que las nuevas autoridades del estado tuvieran conocimiento pleno de este proceso de entrega de las comisiones de servicios públicos.
El primero de noviembre asume el cargo de gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el primer acto de gobierno que ejerce es mandar una iniciativa al Congreso de Baja California para la creación (de nueva cuenta) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, modificando con ello la estructura de la Fiscalía General el Estado que era comandada por el licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández.
Con 17 votos a favor y seis en contra, la legislatura local aprueba la iniciativa de la gobernadora y posteriormente cuatro de seis municipios dicen sí al proyecto de la mandataria estatal.
Se considera que la suspensión del proceso de municipalización de los órganos operadores del agua y el regreso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son dos golpes de timón de la nueva gobernadora, así como un antes y un después del gobierno anterior con el actual.
Debido a diferencias de visión y circunstancias políticas, el 7 de diciembre renuncia al cargo el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
Con nuevos elementos políticos en toda la estructura gubernamental de Baja California, su congreso y sus municipios, los sectores sociales y las fuerzas productivas de la entidad, abrigan expectativas optimistas en lo económico, político y social.
En este clima pleno de expectativas y con los días contados de este 2021, la diputada morenista Araceli Geraldo Núñez lanzó la iniciativa de hacer nuevo municipio a la parte este de Tijuana y la controversia no se hizo esperar.
Así nos despedimos del Año Viejo y con esas polémicas recibiremos el Año Nuevo.
Fin de un ciclo político y principio
de otro estilo de gobernar, todo ello en 2021
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