A partir de 2026, México aplicará un nuevo esquema arancelario a importaciones provenientes de países con los que no mantiene tratados comerciales, una medida que busca fortalecer las finanzas públicas, proteger sectores estratégicos y ajustar la política comercial a un entorno global cada vez más competitivo.
De acuerdo con estimaciones oficiales, estos gravámenes permitirán recaudar alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales, una cifra con peso específico en el diseño del presupuesto federal del próximo año.
Los aranceles, que irán de 5% hasta 50%, se aplicarán a importaciones originarias de países como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, entre otros. En conjunto, este paquete aportaría cerca del 27% del total de ingresos por tarifas de importación previstos para 2026.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México proyecta captar aproximadamente 255 mil millones de pesos por impuestos a las importaciones el próximo año. Dentro de ese universo, el nuevo esquema arancelario representa un ajuste relevante, especialmente por su enfoque en productos terminados, con énfasis en vehículos nuevos importados, donde se concentrará el incremento máximo del 50%.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha subrayado que la decisión forma parte de una estrategia integral de desarrollo económico y no de una medida aislada. En conferencias recientes, explicó que el objetivo es alinear a México con prácticas habituales en otras economías.
“Es una pieza de la estrategia. Todos los países lo hacen, todos los países protegen sectores que les importan. Nosotros también tenemos esa misma determinación”, afirmó.
Ante las inquietudes del sector privado —particularmente de industrias que dependen de insumos importados—, Ebrard aseguró que el diseño del paquete fue técnicamente revisado para evitar efectos adversos sobre la producción nacional. La intención, dijo, es protegerla, no encarecerla.
Durante el proceso legislativo se llevaron a cabo consultas con 30 sectores productivos, así como con representantes comerciales de países como China, India, Corea del Sur e Indonesia. Como resultado, los insumos críticos para la manufactura nacional quedaron fuera de los aumentos más agresivos, mientras que los mayores gravámenes se concentraron en bienes finales con menor impacto en las cadenas productivas internas.
El gobierno federal estima que, junto con otras medidas de política económica, estos gravámenes podrían aportar hasta 0.6 puntos porcentuales adicionales al Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, al fortalecer la competitividad interna y reducir presiones externas sobre sectores estratégicos.
El incremento en la recaudación también es clave para sostener programas sociales considerados prioritarios. Para dimensionar su impacto, basta comparar cifras: el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” cuenta con un presupuesto proyectado de 25,173 millones de pesos para 2026, mientras que “Sembrando Vida” dispone de 40,664 millones de pesos anuales. En conjunto, ambos suman poco más de 65 mil millones de pesos.
En ese contexto, los 70 mil millones de pesos estimados por nuevos aranceles superan el presupuesto combinado de estos dos programas, lo que ilustra la magnitud del ajuste fiscal y su potencial para apuntalar el gasto social sin recurrir a endeudamiento adicional.

















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