By El martes pasado, los votantes de California respaldaron con fuerza la Proposición 1: el bono de agua para California de 7500 millones de dólares. Asimismo, también se aprobó la Proposición 47 que reducirá las sentencias penales para ciertos delincuentes.
Otra que resultó exitosa fue la Proposición 2, la Ley de Fondo de Estabilización Presupuestaria, cuyo objetivo es lograr que el presupuesto de California sea menos volátil.
La Proposición 45 perdió por mucho. De haberse aprobado, le habría dado autoridad al Comisionado de Seguros del Estado sobre las cuotas de seguros de salud. También perdieron con amplios márgenes la Proposición 46, que obligaría a los médicos a someterse a pruebas de uso de drogas y aumentaría el tope de las multas por daños por negligencia médica; así como la Proposición 48, que aboga por otorgar permiso a las tribus nativas para construir casinos en Central Valley, fuera de los terrenos de la reserva.
El bono estatal de agua, llamado formalmente Ley de Mejora de Infraestructuras de Abastecimiento y Calidad del Agua del 2014, tiene como objetivo aliviar sequías futuras tales como la que ha enfrentado California durante tres años consecutivos.
Los votantes del Condado de San Diego favorecieron fuertemente el bono del agua. Recientes encuestas a nivel estatal habían mostrado un apoyo tibio en toda la región.
“Estoy muy satisfecho con el nivel de apoyo”, dijo por teléfono el martes Mark Weston, presidente de la Autoridad de Agua del Condado de San Diego, quien abogó por el bono. “Tenemos que empezar a hacer frente a los problemas del agua a largo plazo en California. Estamos viendo una disminución en la acumulación de nieve y un sobre uso de las aguas subterráneas, lo que significa que tenemos que encontrar medios alternativos de suministro de agua”.
A través de un proceso de selección competitivo, el bono financiaría nuevas represas en América Central y el norte de California; limpiaría las aguas subterráneas en los condados de Riverside y Los Ángeles y restauraría la mayor parte del Delta de Sacramento-San Joaquín, de donde el estado obtiene una vasta porción de su suministro de agua.
Los partidarios, entre ellos el gobernador Jerry Brown y todos los miembros de la delegación legislativa del Condado de San Diego, han descrito el bono como fundamental para garantizar que California tenga un suministro de agua confiable y seguro en posibles años venideros de sequía.
Los opositores se han referido a la medida como un uso masivo y equivocado de dinero de los contribuyentes que no tendrá un impacto inmediato en la sequía.
“La Proposición 1 no va a resolver nuestra crisis del agua”, dijo en una declaración por escrito Adam Scow, director de Food & Water Watch California. “Quienes lo defienden venden el bono de agua como una forma de proteger a California de futuras sequías, pero la Proposición 1 no aborda los problemas reales, sobre todo la mala gestión por parte del estado de nuestros recursos hídricos. El gobernador Brown debe equilibrar el sobrecargado presupuesto de agua de California y reducir el agua que se les permite usar a gigantescas granjas en el desierto que desperdician agua”.
También el martes recibió gran respaldo la Proposición 47. Dicha ley reduce a delitos menores la posesión de drogas y otros delitos contra la propiedad, y entra en efecto de inmediato. California se unirá a una docena de estados del país que manejan la posesión de drogas como un delito menor.
La ley también reclasifica como delitos menores a cinco delitos contra la propiedad con valor menor de 950 dólares: robo, falsificación, emitir cheques sin fondos, recibir propiedad robada y el hurto en tiendas. Un delito menor es punible con hasta un año de cárcel.
La medida, que se estima le ahorrará potencialmente al estado 200 millones de dólares al año en costos por encarcelamiento, recibió un voto favorable tanto en las elecciones estatales como en el Condado de San Diego. El ahorro anual financiará programas para rehabilitar a los adictos a las drogas, para el tratamiento de enfermedades de salud mental, y para que los estudiantes no abandonen la escuela, así como para apoyar a las víctimas de delitos.
“Creo que vamos a proporcionar más tratamiento que nunca antes y ver con más detenimiento cómo implementamos el encarcelamiento”, dijo el jefe de policía jubilado Bill Lansdowne, de San Diego, quien fue el coautor de la proposición junto con el fiscal de distrito de San Francisco, George Gascón. Los dos celebraron la campaña el martes en la noche en un hotel de Los Ángeles. “Vamos a seguir adelante ahora que nos hemos dado cuenta que almacenar gente no es la forma más eficaz de luchar contra la delincuencia”.
Lansdowne dijo que la proposición resonó con los votantes porque muchas personas tienen familiares o amigos que han sido afectados por la adicción a las drogas.
“El voto muestra claramente que quieren un cambio, y tenemos que escucharlos”, dijo.
La mayor parte de las fuerzas policiacas de California, incluyendo altos mandos del Condado de San Diego, lucharon con ahínco contra la propuesta, argumentando que es la forma equivocada de vaciar las celdas en las prisiones.
Líderes de las fuerzas policiacas en el Condado de San Diego se reunieron el mes pasado para prepararse en caso de que la proposición pasara, dijo la fiscal del distrito, Bonnie Dumanis.
“Es la ley, y vamos a hacer todo lo posible para poner la ley en práctica dentro de nuestras posibilidades”, dijo el martes en la noche.
“Va a tener un efecto profundo en la cantidad de casos que maneja nuestra oficina y la Oficina del Fiscal de la Ciudad y en particular los defensores públicos. Y el Departamento del Sheriff tendrá que ver quién está bajo custodia y todo lo que eso implica”.
Dumanis dijo que la ley, llamada La Ley de Escuelas y Comunidades Seguras, se presentó de forma engañosa y pudo haber confundido a muchos votantes que no leyeron las letras pequeñas.
“Creo que la gente está diciendo que quiere que haya la oportunidad de recibir tratamiento y que se le dé una segunda oportunidad a la gente, y creo que la mayoría de nosotros (en las fuerzas policiacas) simplemente no estamos de acuerdo sobre cómo llevarlo a cabo”, dijo.
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