By Las acusaciones en contra de las 11 personas consignadas por los hechos violentos en el Zócalo tras la marcha del 20 de noviembre se sustentan en la declaración de cinco policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia, dijeron sus abogados.
Los 11 detenidos están acusados de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa. Sus abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan «en escasa y endeble evidencia».
«Cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostiene que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño», se lee en un documento difundido por la defensa de los 11 detenidos.
«Hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del Zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna».
La participación de los detenidos se basa solo en estas declaraciones «y el hecho de que varias de las once personas confesaron haber estado en la marcha». Tres de los 11 se reservaron su derecho a declarar, lo cual, a pesar de ser un derecho, se considera indicativo de responsabilidad.
Las autoridades establecen la participación de los 11 y la intención de quitarle la vida al policía «con base en que de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas gritaban consignas tales como ‘muera Peña’ ‘muera el PRI’ y ‘mueran las instituciones'».
«Adicionalmente los policías afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó ‘vamos a matar a ese pinche perro'».
«La tentativa de homicidio –razona la autoridad– también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte».
La acusación de asociación delictuosa se basa en dos informes, uno de PGR sobre la existencia de grupos anarquistas en México y otro de la Policía Federal sobre investigaciones realizadas a una persona presuntamente responsable de acciones anárquicas y violentas, aunque ninguno vincula a los detenidos con esos grupops ni con esa persona.
La autoridad también justifica este delito en el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían compa y compañeros.
Abogados del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Equifonía, y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de Cauce Ciudadano revelaron detalles del expediente del caso en conferencia de prensa en Xalapa, Veracruz, donde está el penal en el que fueron internados ocho de los 11 detenidos.
Los argumentos de la defensa
Los abogados de los 11 detenidos expresaron su preocupación en relación con la pobreza y escasez de evidencia utilizada para la consignación, a la vista de los «múltiples testimonios» que refieren a acciones generalizadas de detención arbitraria el 20 de noviembre.
En entrevista con Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11 detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos para agredirlo, «ni hay otra prueba de ese hecho».
Sobre el razonamiento de «que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte», utilizado para acreditar el cargo por tentativa de homicidio, Jiménez afirmó que «ese golpe en la cabeza no está probado en ninguna parte de la causa».
El abogado destacó que en el expediente consta que «los únicos objetos que les fueron consignados (a los detenidos) fueron los propios celulares. Son los únicos elementos que hay en la causa, no hay ni palos, ni piedras, ni petardos».
Denunció además que «los obligaron a dar las claves de sus redes sociales a todas las personas y esto intentaron utilizarlo para vincularlos, pero no pudieron».
Comments