By Casi al día siguiente de aprobarse en el senado mexicano uno de los últimos pasos de la ley anticorrupción, José Luis Beato, presidente de la patronal en el DF, dijo en una entrevista que todos los empresarios de la capital han pagado alguna vez una dádiva a un funcionario o han utilizado a alguien que conocen en el Gobierno para acelerar los trámites de su negocio.
Su aseveración de que “todos los empresarios de la capital habían incurrido recurrido a las mordidas” levantó una densa polvareda, con respuesta incluida del Jefe de Gobierno de la ciudad.
Miguel Ángel Mancera le pidió públicamente que si sabía algo lo denunciara. “Nosotros tenemos aquí expedientes por corrupción que no podemos hacer públicos porque no se trata de incendiar el país”, reincide en su despacho este madrileño de 52 años que llegó hace 26 a México con una pequeña empresa de componentes para hacer negocios con Pemex y que ya nunca volvió.
Desde hace dos dirige la cúpula defeña del sindicato patronal más grande de México, Coparmex con más de 36.000 empresas asociadas en el país y 600 en la capital.
La respuesta a la petición del Gobierno capitalino fue dirigirse a la Contraloría, el órgano auditor del propio ejecutivo, para confirmar los expedientes que ellos manejaban y que apuntaban a irregularidades sistemáticas por parte de los delegados de la ciudad –los jefes de distrito- “Cuando preguntamos cuantas denuncias tenían los delegados, nos contestaron que 14 de los 16 jefes de distrito acumulaban un total de 73 denuncias. Y que de los 73 expedientes de corrupción, había 46 concluidos sin ninguna sanción, cinco estaban en trámite y 22, en reserva por 12 años”. Esta era la prueba que buscaba Beato para sustentar otra de sus rotundas frases: “La corrupción está en todas partes”.
La aprobación a finales de abril del el Sistema Nacional Anticorrupción, que modifica hasta 14 artículos de la Constitución, busca remontar la crisis de credibilidad en las instituciones acentuada en los últimos meses por las polémicas compras de inmuebles por parte de miembros del Gobierno a empresarios que a su vez fueron beneficiados con contratos millonarios de la Administración. Este mal endémico le cuesta al país cerca del 10% del PIB, según los datos del propio Gobierno.
Beato considera que la reforma va bien encaminada porque visibiliza el problema y trata de actuar sobre sus causas. Aunque cree que la raíz es aún más profunda. “En México hay gran problema de fondo, que es la impunidad. Aquí a ningún poderoso se le mete en la cárcel. Las multas las pagan con lo que ya ganaron con la corrupción o directamente no se pagan; y las sanciones con inhabilitación tampoco son efectivas. Con lo que hay que sancionar que es con la cárcel.
Acelerar la reforma de la justicia para que los litigios sean más rápidos y efectivos”. Un juicio penal en México dura de media casi dos años y más de la mitad de los presos del país está a la espera de sentencia.
El directivo de Coparmex distingue dos tipos de corrupción. “Una es cuando dos partes se ponen de acuerdo previamente al negocio. Pero cuándo un funcionario público le dice a un empresario “o me das un dinero o te cierro el negocio”, entonces ya no se llama corrupción se llama extorsión. Y esto pasa con más frecuencia de la que desearíamos”.
El País.
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