By Vergüenza y pena ajena, debe ocasionar el informe que presenta el INM, ya que en México se habla mucho de las Oportunidades e Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero es mas el verso y la palabrería que las acciones y así sucede en nuestro estado, los números son fríos y contundentes y deja mal parado a Baja California.
A nivel nacional, en promedio sólo 0.11% del presupuesto se destina a programas enfocados a la equidad de género y derechos de las mujeres. De acuerdo con el Diagnóstico del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en 2014 ninguna entidad del país ni el gobierno federal rebasaron el 1.15% del presupuesto a dicho rubro.
El documento elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres advierte que, incluso, estados como Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas no destinaron ni un solo peso o fue insignificante lo aplicado, en este propósito establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Discriminación contra las Mujeres, un compromiso asumido ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El Estado de México es la entidad que gastó mayores recursos de todo el país con 1.15% de su presupuesto total.
Los otros estados que superan la media nacional en cuanto al presupuesto destinado a la equidad y derechos de las mujeres son Chiapas (0.18); Durango (0.15); Querétaro (0.12), Guerrero (0.38) y Quintana Roo (0.19).
Por debajo del promedio están Aguascalientes (0.04), Baja California (0.02), Coahuila (0.04), Colima (0.02), Chihuahua (0.07), Guanajuato (0.03), Hidalgo (0.05), Jalisco (0.07), Nayarit (0.05), Nuevo León (0.03), Oaxaca (0.06), Puebla (0.02), San Luis Potosí (0.05), Sinaloa (0.06), Tabasco (0.07) Veracruz (0.05) y Yucatán (0.06)
Los estados del país con menor inversión en este rubro con 0.01% de su presupuesto son el Distrito Federal, Tamaulipas y Tlaxcala. El estado de Campeche no respondió a este dato cuando se levantó el censo.
El diagnóstico determina que las instancias de las mujeres cuentan con presupuesto limitado para “atender el objetivo de su creación”, de ahí que enfrenten obstáculos para realizar su trabajo.
Por ello, señala que es necesario que se fortalezcan las capacidades de dichas instituciones mediante el apoyo económico a proyectos que impulsen o realicen acciones de incidencia en las políticas públicas en favor de la igualdad de género.
“Los estados no están invirtiendo lo suficiente para alcanzar la equidad (…), pero en segundo lugar, en los casos en los que sí se hace, no se ve reflejado en mejores condiciones de vida para las mujeres. Entonces lo que se tendría que hacer es destinar los recursos suficientes en políticas públicas y programas de acción realmente efectivos”, considera Joanna Castro, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Municipios, ‘foco rojo’. El diagnóstico revela que las instancias municipales de la mujer no cubren la totalidad de los estados, con excepción de once: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
Mientras tanto, en Puebla, Durango, Oaxaca, Querétaro, Nayarit y Coahuila, tienen dichas oficinas en menos de 60% de sus municipios.
Magdalena García, representante de la Red Iberoamericana por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres, indica que si a nivel nacional es muy poca la inversión en mujeres, a nivel de los municipios el dinero para esta causa es “raquítico”.
Detalla que en el país hay mil 500 institutos municipales de la mujer y por ejemplo, el presupuesto de la instancia ubicada en el Distrito Federal apenas llega a 1% del total del gasto del gobierno local.
A ese dato, añade que “estos mecanismos enfrentan limitaciones y condiciones abruptas ante los cambios de gobierno y, en su mayoría son coordinados por mujeres subordinadas a los partidos políticos”.
Sin resultados. Hace siete años se creó el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. “El Inmujeres entiende la transversalidad como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito, que es el de disminuir las brechas de género en todos los ámbitos de la vida”, explica la dependencia en el documento del diagnóstico.
Agrega que, para lograrlo, se crearon instancias estatales y municipales para la mujer a fin de que se destinen recursos económicos para establecer políticas de gobierno, supervisar la situación general de las mujeres, ayudar a formular nuevas acciones y aplicar medidas eficaces encaminadas a eliminar la discriminación contra este sector de la población.
Informa que un cuestionario aplicado a dichas instancias en 2012, reveló que 25 entidades cuentan con recursos etiquetados en su presupuesto de egresos para apoyar la política local en materia de igualdad y 23 manifestaron tener dinero asignado en materia de combate a la violencia contra las mujeres.
En el ámbito normativo, dice el documento del Inmujeres, todos los estados tienen una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, siete tienen sus respectivos reglamentos y 17 tienen conformado su sistema de igualdad.
En cuanto a violencia, en las 31 entidades está tipificado el feminicidio u homicidio por razones de género en sus códigos penales, pero en sólo 12 los agentes del Ministerio Público cuentan con un protocolo de atención a este delito; en diez, los peritos tienen un mecanismo de atención y sólo en ocho los policías y jueces tienen lineamientos que rigen su actuación.
Además, 25 entidades declararon que tienen una línea telefónica para atender a víctimas y 22 usan un protocolo y manual para su operación.
Sólo en 13 estados, el porcentaje de personal especializado dedicado a la atención de estas líneas es de 70% o más. Mientras que en relación con la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, en 28 estados hay un protocolo en este sentido.
El Inmujeres señala que ante este panorama “resulta evidente la necesidad de acciones de coordinación, asesoría y gestión para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas municipales”.
El Universal
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