By Con la finalidad de que Baja California honre los compromisos signados por el Estado Mexicano en derechos humanos, y abata la discriminación en su territorio, Miriam Josefina Ayón Castro, diputada integrante del grupo parlamentario del PRI en la 21 legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma en la sesión plenaria llevada a cabo este jueves, para retirar las partes inconstitucionales y discriminatorias del artículo 7 de la Constitución Estatal.
“Conscientes de las nuevas formas de convivencia que se han venido dando en nuestra sociedad, los diputados y las diputadas que suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos que el marco jurídico de nuestro Estado debe tener por objeto restablecer las bases de convivencia social, cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”, indicó la parlamentaria.
“Ante ello, no podemos ser ajenos a que, en las últimas décadas, las nuevas formas de convivencia, distintas al régimen familiar tradicional, han tomado un auge irreversible. Es un hecho que en todo el mundo, los modelos de convivencia social están sufriendo grandes transformaciones, esto debido a una combinación de diversos factores que han redefinido las relaciones entre los géneros, a partir de los grandes logros obtenidos para reconocer los derechos civiles y sociales de las mujeres, cambios en la cultura sexual, el ascenso del empleo en mujeres, entre otros factores, que han generado esta redefinición en los esquemas sociales”, explicó la representante del Distrito 09.
Ayón Castro aclaró que la reforma no promueve forma de matrimonio alguna. Simplemente, hace el necesario reconocimiento a los derechos humanos, al tiempo que honra los compromisos de México en la materia, porque Baja California no puede vivir con desapegos a la legalidad, o cumplimientos discrecionales de la misma.
“Derivado de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha cambiado la forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos fundamentales en nuestro país. Y sin lugar a dudas los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que eligen a parejas del mismo sexo son innegablemente los más vulnerados actualmente, por los prejuicios respecto de la diversidad sexual”, añadió.
“El 24 de mayo del año 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California una reforma al artículo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, adicionando que el matrimonio se satisface únicamente, “mediante la unión de un hombre con una mujer. Esta disposición normativa, sin lugar a dudas, constituye una severa discriminación a las personas”, indicó.
La Legisladora recordó que “el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha definido la discriminación como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.
“En este sentido los diputados que suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos que no podemos consentir que siga existiendo una norma que por su redacción es francamente discriminatoria y contraria al artículo primero constitucional, así como a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano”, externó la asambleísta tijuanense.
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