El gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC reiniciaron hoy sus negociaciones de paz en La Habana, con la intención de alcanzar un acuerdo para resarcir a los más de seis millones de víctimas dejadas por medio siglo de confrontación armada en ese país.
“Es de nuestro interés que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas”, dijo en la arranca de las pláticas Joaquín Gómez, uno de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La delegación del gobierno no hizo declaraciones.
La discusión del tema de las víctimas, penúltimo de la agenda acordada por las partes, comenzó en agosto pasado y ha incluido la visita a La Habana de cinco delegaciones de representantes de ese sector, incluidos militares, sindicalistas, amas de casa, campesinos y líderes políticos.
En este ciclo 32 de intercambios, que se extenderá hasta el 12 de febrero, los insurgentes aspiran además a que el gobierno cambie su posición y acepte un alto al fuego bilateral, mientras un equipo técnico integrado por militares y guerrilleros examina fórmulas que conduzcan al desarme de las FARC y a la firma de un acuerdo general de paz.
Ese equipo estudia también como alcanzar “un desescalamiento del conflicto armado”, que facilite “no un cese del fuego parcial, sino uno definitivo”. Hasta este momento, las guerrillas mantienen el alto al fuego declarado unilateralmente en diciembre, a la espera de un gesto similar del gobierno.
En este contexto, el presidente Juan Manuel Santos dijo este fin de semana que entendía la posición de las FARC de que “no van a entregar las armas para ir a la cárcel”, pero consideró que los insurgentes han “cometido unos crímenes (…) contemplados en la jurisprudencia nacional e internacional y el país no puede simplemente, como se hacía en el pasado, hacer borrón y cuenta nueva”.
Desde que comenzaron estas pláticas en 2012, las partes alcanzaron acuerdos parciales con vistas a una reforma rural integral, así como para la participación de las guerrillas en la vida política del país y la lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas.
No obstante, ninguno de esos pactos tiene validez hasta que se firme el acuerdo general de paz, y sea validado por un referendo, como plantea el gobierno, o por una Asamblea Nacional Constituyente. como proponen los rebeldes.
Paralelamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instó hoy a “concertar pactos” entre el ejército y esa segunda organización militar de izquierda que opera en Colombia para “reducir el conflicto armado y evitar la victimización de la población civil”.
La propuesta está contenida en un pronunciamiento del jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez, que reprodujo la página web de los insurgentes. El presidente Santos dijo hace algunas horas que “se está trabajando” con el ELN para conformar una agenda que abra otro proceso de paz con esas guerrillas, pero descartó que el inicio de esas negociaciones sea inminente.
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