El ministro chino de educación hizo el jueves una dura advertencia sobre las amenazas para la pureza ideológica comunista en la educación superior, y dijo que nunca debe permitirse que los valores occidentales se cuelen en las aulas.
Yuan Guiren reiteró la necesidad de un estricto control del gobernante Partido Comunista sobre la educación y dijo que los educadores deben asegurarse de que el material didáctico no critica el liderazgo del partido o el sistema socialista, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua en un despacho difundido el jueves por la noche.
Los profesores no deben «quejarse, airear agravios personales ni transmitir emociones negativas a sus estudiantes», dijo Yuan, citado por Xinhua. El ministro pidió que los maestros mantuvieran firmes límites en política, legalidad y moralidad, pero no dio detalles.
Las declaraciones de Yuan en una conferencia académica el jueves se produjeron en medio de una tendencia de restricciones políticas con Xi Jinping como líder del partido. El nuevo mandatario se apresuró a defender la ortodoxia comunista desde que asumió el cargo en 2013, aunque mantuvo el aperturismo económico del país.
Un documento interno del partido filtrado en 2013 advertía contra valores occidentales como el constitucionalismo, el respeto por la sociedad civil y la libertad de prensa, y los medios estatales han arremetido contra profesores que adoptan posturas críticas con las instituciones.
Los académicos que no siguen las directrices han visto amenazadas sus carreras e incluso su libertad personal. Al menos tres profesores en Beijing fueron despedidos o disciplinados de otra forma por enseñar sobre temas sensibles, como los alzamientos de la Primavera Árabe y el constitucionalismo en China.
El profesor de economía Ilham Tohti fue condenado a cadena perpetua en septiembre acusado de separatismo, debido en parte a defender los derechos de la minoría musulmana uigur durante sus clases en la Universidad Minzu de Beijing, Siete de sus estudiantes, todos uigures, fueron condenados a entre tres y ocho años de prisión por delitos de separatismo.
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