Al aprobarse por mayoría calificada en el Congreso del Estado, la reforma del cambio de nombre a la procuraduría de los derechos humanos por Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, dentro de 30 días naturales a la entrada en vigor, habrá que dicha comisión.
Lo anterior lo informó el diputado Roberto Dávalos Flores, quien informó que esta convocatoria tendrá que ser por conducto de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que deberá ser difundida cuando menos por una ocasión en dos de los medios impresos de circulación estatal.
El actual Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, que se encuentre en funciones, deberá mantenerse en el cargo, hasta en tanto el Congreso del Estado designe al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, explicó Dávalos Flores.
Dijo que el actual procurador de los derechos humanos en la entidad, lo faculta la ley para poder participar y tendría que hacerlo por escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos”, la no manifestación del Procurador actual, se entenderá como negativa de participación.
El presidente de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dijo que la comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, una vez agotado el procedimiento de selección, remitirá a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el dictamen único que integre la lista de aspirantes que hayan cumplido los requisitos referidos en el Artículo 7 de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California.
A su vez la JUCOPO, acordará presentar ante el Pleno del Congreso, a más tardar en la sesión siguiente a la fecha en que reciba el dictamen único que integra la lista referida en la fracción anterior.
Y el Poder legislativo por votación de las dos terceras partes de los Diputados presentes, elegirá dentro de una lista de aspirantes, al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien se le notificará y tomará la protesta de ley, dando inicio en el periodo de 4 años a partir de la fecha en que fue votado y aprobado su nombramiento
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