By Latinoamérica conmemoró hoy el Día de los Derechos Humanos con llamados al fortalecimiento de la justicia tras los hechos recientes que han puesto en tela de juicio el avance de su protección en la región, como las desapariciones en México y la condena a Colombia por el caso del Palacio de Justicia.
Centenares de personas salieron a las calles para sumarse al clamor de entidades mundiales sobre el «difícil panorama» de los derechos en América Latina, con las minorías como principales víctimas y la violencia e intolerancia como sus causas.
Precisamente, las manifestaciones estuvieron marcadas por un llamado de justicia en el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre pasado, con actos que sumaron otras denuncias locales.
En México, Amnistía Internacional (AI) entregó a la Fiscalía 120 mil firmas exigiendo verdad, justicia y reparación, a través de la campaña «Si firmas no se olvida», que también pide visibilizar los más de 22 mil desaparecidos registrados en el país.
Asimismo, el anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de una condena contra Colombia por las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de un operativo en noviembre de 1985 para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla M-19, también encendió el foco.
El Gobierno colombiano, que ha expresado su repudio ante los hechos, dijo que estudiará con detalle la sentencia de la CorteIDH para ofrecer soluciones con garantías, lo que supone un avance en la materia en un país con más de 50 años en conflicto interno.
Estos hechos complementaron una jornada que recordó el papel de los Estados como principales garantes de la protección de los derechos humanos con manifestaciones en todos los rincones del continente que también pidieron la ratificación de los tratados internacionales relacionados con la defensa de la dignidad humana.
En esa línea, la Corte Penal Internacional (CPI) instó desde Bruselas a que los países que aún no han firmado el Estatuto de Roma, por el que se creó ese tribunal, lo hagan para luchar mejor contra la impunidad.
A la fecha, de los 17 Estados de Latinoamérica, 15 han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma de la CPI. Cuba, El Salvador y Nicaragua son los únicos países que aún no han finalizado sus procesos de ratificación. Precisamente en El Salvador, la ONU pidió al Estado una mayor protección para los derechos humanos, especialmente de la población LGTBI, que hasta la fecha, desde 1998, ha sufrido 200 muertes.
En Cuba, la jornada estuvo marcada por los acosos e insultos a las que fueron sometidas las integrantes del grupo disidente Damas de Blanco, cuando intentaban congregarse en un concurrido punto de La Habana antes de iniciar su tradicional marcha.
El canciller costarricense, Manuel González, subrayó que los derechos humanos son el «eje fundamental de la política exterior» de su país, que ha impulsado la abolición de la tortura y la pena de muerte y pidió recursos para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en la materia.
Dados los graves casos de violencia en Puerto Rico, se abrió el debate sobre la reactivación de la pena de muerte, que desde 1929 no se aplica, una opción que la organización AI pidió hoy que no sea efectiva.
En Venezuela, que denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos luego de que el entonces presidente Hugo Chávez asegurara que estaba manipulada por Estados Unidos, el actual agente de ese país para esa materia, Germán Saltrón, cuestionó a la ONU y a la Declaración de Derechos Humanos. Según el funcionario, el compromiso no es más que «un acto de contrición por las horribles matanzas ocurridas en la Primera y Segunda Guerra Mundial».
En Quito, el Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) presentaron la herramienta virtual SIDERECHOS (Sistema de Información sobre derechos humanos), que permite acceder a información sobre estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, lamentó el aumento de los feminicidios, infanticidios y linchamientos y señaló que estos actos hacen pensar en que la sociedad boliviana «está perdiendo el sentido básico y sustancial de la humanidad y de la vida».
La ONU, entre tanto, felicitó al Gobierno brasileño por la publicación del informe final sobre las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar con el que ayuda a promover la verdad y la reconciliación nacional.
Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff lamentó las cifras que divulgó el documento sobre la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, que asegura que dejó 434 muertos y desaparecidos, que recoge miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes, de los cuales unos 200 todavía viven.
En Argentina, el Ministerio de Educación inauguró un monumento en Buenos Aires a Ana Frank, la niña judía que se hizo famosa por su diario durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que las Abuelas de Plaza de Mayo aprovecharon la jornada para congratularse por la reciente restitución del nieto 116.
Entre tanto, más de cien personas marcharon en Chile, entre ellos familiares de víctimas de la dictadura para exigir que los delitos perpetrados durante el régimen no repitan, al tiempo que el Gobierno anunció que presentará un proyecto que pone fin a la amnistía por crímenes de lesa humanidad y otro que adecúa la legislación penal a los tratados internacionales.
Alrededor de una millar de paraguayos, entre campesinos y militantes de la izquierda, se manifestaron en Asunción para pedir la dimisión del presidente, Horacio Cartes, a quien acusaron de ser el responsable del retroceso de los derechos humanos.
Esta fecha se celebra desde 1950, cuando la Asamblea General de la ONU invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos, bajo la resolución 423.
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