By A falta de lo que decida el juez José Castro, el fiscal Anticorrupción español Pedro Horrach presentó hoy en Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, su escrito de acusación del Caso Nóos, en el que pide expresamente al magistrado que aplique la “doctrina Botín” a la infanta Cristina, lo que evitaría que la hermana del Rey Felipe VI se sentara en el banquillo. No obstante, Horrach pide al juez Castro que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587,413 euros (unos 725 mil dólares).
Por el contrario, anticorrupción solicita para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, 19 años y medio de cárcel por estar tras la trama Nóos, de desvío de fondos públicos que investiga el juez José Castro. Asimismo, le exige que pague 3.5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. Las acusaciones tenían hoy de plazo para presentar sus escritos en la Audiencia Provincial de Palma.
Además, Horrach pide para para el ex socio de Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, 16 años y medio de prisión. Ambos están acusados de urdir una trama que habría desviado 5.9 millones de euros de dinero público. Para la infanta, el fiscal pide el sobreseimiento y una fianza de responsabilidad civil de 587,413 euros.
En su escrito, el fiscal solicita cien años en total para 14 imputados en el caso y 8.5 millones de euros en multas, de los que 3.5 millones se los reclama al marido de la infanta. Para la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, pide dos años de cárcel y para el ex presidente balear Jaume Matas once.
En cuanto al sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, solicita 26 años y medio para el cuñado del Rey y para Cristina, 8 años -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales de los que está acusada- y casi dos millones de euros de fianza. Se espera que solo el colectivo pida prisión para la Infanta.
Los escritos servirán de base al juez Castro para redactar el auto definitivo de apertura de juicio oral por el “caso Nóos”. El hecho de que solo la acusación popular pida prisión para la infanta obligará al instructor a decidir si la lleva al banquillo o aplica la “doctrina Botín”, que la libraría de ir a juicio.
La Audiencia de Palma ya apuntó en su último auto que dicha doctrina no sería de aplicación porque, en el supuesto del banquero Emilio Botín, la fiscalía no veía delito fiscal, pero en Nóos sí lo contempla, solo que se lo imputa a menos personas que la acusación popular. En dicho auto, la Audiencia fue más allá que el juez y señaló 20 imputados, cuatro más que Castro.
El caso Noós investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6.1 millones de euros (unos 7.5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007. El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587,413 euros.
Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el ministerio público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50 % creada en 2003, y que destinaron a pagar gastos personales. Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
La infanta “accedió a participar en la sociedad dada la garantía y la confianza que le ofrecían su cónyuge y su asesor fiscal, sin ser consciente del objetivo último de su presencia”, asegura el acusador público. El fiscal sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182,005 euros en el ejercicio 2007 y 155,138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta.
Junto al escrito de acusación de 572 páginas que hoy entregó el fiscal para solicitar hasta 103 años de cárcel a los acusados en la causa, el representante de la acusación pública ha presentado un anexo de trece páginas en el que apunta a la inexistencia de “dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva” de la participación de la Infanta en un supuesto fraude al fisco.
“Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico ‘pudo conocer’ que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión”, subraya el fiscal en su escrito, en el que señala a la “vulneración de la presunción de inocencia” en detrimento de la hermana del Rey de España y a una “falta de coherencia” a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella.
El juez Castro, que imputó el pasado 7 de noviembre a la hermana del rey de España por dos delitos fiscales, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.
El fiscal Horrach, tras entregar su escrito de acusación por el caso Noós, en el que no acusa a la infanta Cristina, declaró: “Sigo solicitando el sobreseimiento, como he repetido mil veces, no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella”.
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