By Hace cinco años, el 1 de diciembre de 2009, entró en vigor el Tratado de Lisboa. Fue el resultado de un largo camino que comenzó con el fracaso de un tratado constitucional europeo en 2005 —abandonado después de los “no” a los referendos francés y holandés—, pero que dejó en claro la voluntad de aportar una solución al bloqueo institucional que enfrentaba la Unión Europea (UE), creada en noviembre de 1993.
Pero la firma del pacto, en 2007, en la capital portuguesa, no marcó el fin de la crisis. El procedimiento de ratificación había sido particularmente difícil, con los irlandeses rechazándolo de entrada en un referendo en 2008, antes de aprobarlo 18 meses más tarde, luego de algunas modificaciones menores, mientras que Francia eligió ratificarlo por vía parlamentaria.
El tratado supuso múltiples modificaciones en el funcionamiento de la UE, a partir de sus principales medidas. Esto es lo que cambió.
Derecho de iniciativa popular
Entre las nuevas institucionalidades introducidas por el pacto, figura un nuevo mecanismo democrático: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). A cambio de reunir un millón de firmas en al menos siete países de la UE, los ciudadanos pueden poner en la agenda de la Comisión Europea (CE), con sede en Bruselas, el tema de su interés.
Abierto formalmente en abril de 2012, el mecanismo solo se activó dos veces hasta hoy, sobre medio centenar de propuestas. La iniciativa “Right2Water”, que llevó a abrir una consulta pública sobre el acceso masivo al agua potable, y la iniciativa “Uno de nosotros”, contra la investigación con embriones humanos bajo argumentos éticos.
Presidente permanente para el CE.
Fue una de las medidas más simbólicas: dar un rostro a la Unión Europea. El presidente del CE (Consejo Europeo, órgano que reúne a los jefes de Estado) era antes el dirigente de un Estado miembro que aseguraba la presidencia rotativa de la UE durante seis meses. Con el tratado, es una personalidad escogida por el CE para una gestión de dos años y medio. El primero fue el ex ministro belga Herman Van Rompuy, a partir del 1 de enero de 2010, y ayer fue elegido su sucesor, el ex primer ministro de Polonia, Donald Tusk.
Alto representante para los asuntos extranjeros.
El nuevo cargo también incluye la política de seguridad. Es una especie de canciller europeo que reúne tres funciones aparentemente distintas (secretario general del CE, alto representante de la política exterior y de la seguridad común y comisario para las relaciones exteriores. Dispone de su propia administración, el Servicio Europeo para la Acción Exterior (SEAE). La británica Catherine Ashton, ex canciller en el gobierno de Tony Blair y ex comisaria europea de Comercio, inauguró la función, de cinco años, el 1 de diciembre de 2009. La baronesa Ashton impuso su marca, al ayudar a lograr un acuerdo sobre el tema nuclear iraní en noviembre de 2013 y adoptar también un aceptado método de perfil bajo en las negociaciones entre los gobiernos de Serbia y Kosovo. Su sucesora es la ex canciller italiana Federica Mogherini, que asumió el pasado 1 de noviembre.
Más peso del Parlamento
Según el artículo 17 del tratado, el CE designa al presidente de la Comisión Europea “teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento (PE)”, si bien los líderes de la UE también pueden elegir a otra persona que no encabece la lista del partido más votado. Pero tras un intenso forcejeo, fue el luxemburgués Jean-Claude Juncker, cabeza de lista del Partido Popular Europeo (PPE, conservador), el elegido y aprobado por el PE. Su elección fue interpretada como una victoria institucional del Parlamento Europeo, que también ganó con ello más influencia ante el Consejo Europeo.
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