By Miles de ciudadanos italianos se manifiestan hoy en las calles de Roma en defensa del empleo público y para protestar contra la reforma de la Administración Pública impulsada por el Gobierno de Matteo Renzi.
La concentración ha sido convocada por los principales sindicatos del país -Cgil, Cisl y Uil- y aún no hay cifras oficiales sobre su seguimiento, aunque los organizadores esperaban a unas 50 mil personas.
Bajo el lema «Servicios porque sirven, públicos porque son de todos», la manifestación inició sobre las 13:00 hora local (12:00 GMT) en la céntrica plaza de la República.
Tras recorrer el centro de la capital italiana, llegará a la plaza del Popolo, donde los respectivos líderes sociales pronunciarán un discurso y se escucharán las experiencias laborales de una docena de trabajadores.
La líder de la Cgil, Susanna Camusso, ha amenazado con llamar a la huelga si no se producen «respuestas» por parte del Gobierno «en los próximos días».
Por su parte, la titular de la Cisl, Annamaria Furlan, refirió que «en Italia las huelgas generales se deciden de manera conjunta» y añadió que «tras la huelga no hay nada más por lo que los objetivos deben ser claros».
La petición de los sindicatos es, entre otros, que se incluyan en los Presupuestos Generales de Italia para 2015 los recursos económicos suficientes para descongelar los salarios de los funcionarios y reanudar la contratación en la administración, bloqueada desde hace casi seis años.
Ante esta movilización, la ministra para la Administración Pública, Marianna Madia, ha asegurado recientemente que considera «justo descongelar la contratación en el sector público» pero que, en épocas de crisis, el objetivo es encontrar recursos para destinarlos a quienes «ganan menos».
Además, los sindicatos critican que Renzi no haya tenido en cuenta a los trabajadores públicos durante la redacción del proyecto de ley de la reforma de la Administración Pública, que se encuentra en fase de lectura parlamentaria.
Este proyecto incluye medidas destinadas a propiciar un relevo generacional entre los trabajadores, a reducir el gasto del Estado, a combatir la corrupción el seno de la Administración y a facilitar los trámites burocráticos.
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