By El Consejo de Estado español estimó que el voto simbólico sobre la independencia que se organizará el 9 de noviembre en Cataluña no es legal, indicó una portavoz, un día antes de que el gobierno tome una decisión al respecto.
“El Consejo de Estado ha aprobado hoy por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña” ante el Tribunal Constitucional, declaró una portavoz.
La máxima instancia administrativa en España recibió el lunes un requerimiento del gobierno a fin de que se pronunciara sobre la legalidad de esta simbólica votación, en la que podrán participar alrededor de 5.4 millones de catalanes de los 7.5 millones de personas que viven en esta región nororiental.
La decisión, necesaria para tramitar la impugnación, llega en la víspera del consejo de ministros semanal en el que se tomará una decisión sobre la cuestión, anunció el jefe de gobierno Mariano Rajoy en una rueda de prensa junto a la presidenta chilena Michelle Bachelet.
“Esta consulta no cumple las condiciones democráticas”, dijo Rajoy, recordando que la votación prevista no tendrá ni censo electoral, ni una ley que la ampare, ni comisión de control.
“Mañana (viernes), en el consejo de ministros, tendremos un debate sobre este asunto y tomaremos una decisión que convenga al interés general”, añadió el jefe de gobierno, totalmente contrario a que esta región se pronuncie unilateralmente sobre su futuro político.
Si, como es previsible, el gobierno decide impugnarlo, deberá presentar un recurso al Tribunal Constitucional que decidirá sobre su suspensión.
Esta consulta simbólica fue anunciada el 14 de octubre después de que el gobierno catalán, presidido por el nacionalista conservador Artur Mas, abandonara el proyecto de referéndum consultivo prometido desde hace dos años debido al bloqueo jurídico propiciado por Madrid.
Siguiendo el mismo procedimiento previsto para esta ocasión, el gobierno español de Rajoy recurrió esa consulta ante el Tribunal Constitucional que la suspendió cautelarmente el pasado 29 de septiembre hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Aunque Mas mantuvo el pulso durante dos semanas y siguió organizando el escrutinio pese a la prohibición judicial, finalmente desistió de su proyecto e impulsó esta consulta alternativa con poco valor representativo en la que, según un sondeo, podrían ir a votar 2 millones de personas.
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