By Familiares del inmigrante mexicano Anastasio Hernández se mostraron hoy satisfechos luego de que un juez negara inmunidad a los doce agentes fronterizos involucrados en la golpiza que derivó en su muerte hace cuatro años.
«Vamos a luchar hasta el final, y esto no termina aquí, hay otros casos y otras familias que igual como nosotros están con este dolor esperando justicia», manifestó hoy a Efe María Puga, viuda de Hernández.
«Vamos a estar un poco más tranquilos con esto, pero el dolor siempre estará ahí», agregó.
El pasado viernes, un juez federal fijó una audiencia para diciembre, en la cual, se podría determinar una fecha para que los agentes y supervisores tanto de la Patrulla Fronteriza, como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) vayan a juicio, como parte de la demanda civil, por los cargos de homicidio culposo y tortura el próximo año.
En mayo de 2010, los acusados propinaron una golpiza al inmigrante mexicano en la zona de deportaciones en San Diego, California, que derivó en su muerte, en un hecho que fue captado en vídeo por dos testigos.
El incidente llamó la atención de los congresistas federales, quienes exigieron una revisión a las políticas de uso de fuerza de la CBP.
María Puga, madre de los cinco hijos de Anastasio Hernández dijo tener esperanza en que este caso deje un precedente, y que se tomen medidas para que estos incidentes dejen de ocurrir en la frontera.
Asimismo, se mostró a favor de la propuesta de instalar cámaras a los uniformes de los oficiales de la Patrulla Fronteriza.
«Esperamos que los agentes porten sus cámaras, creo que esto va a parar, porque habrá evidencia y ellos van a pensar las cosas antes de hacerlas, esperemos que estos cambios sucedan», comentó.
De manera paralela a la demanda civil, un gran jurado evalúa en Washington la posibilidad de que los agentes involucrados reciban cargos criminales por este incidente.
La viuda de Hernández añadió que aunque el ir a juicio les brinda tranquilidad, tanto a ella como al resto de su familia, seguirán luchando para que los oficiales respondan por este suceso.
«Esperemos que los agentes tengan cargos y que sean sancionados, pero vamos a esperar, ojalá que todo se resuelva», dijo.
De su parte, el director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, Christian Ramírez, coincidió en que el caso de Anastasio Hernández marca «un antes y un después» en la frontera, al obligar a una dependencia como la Patrulla Fronteriza a evaluar sus políticas de uso de fuerza, así como los mecanismos de rendición de cuentas.
«Antes, la Patrulla Fronteriza estaba acostumbrada a dar carpetazo a los casos, al hermetismo y ahora con el caso de Anastasio, ha impulsado a otras familias a denunciar y esto ha generado que la propia Casa Blanca esté pendiente de esta situación», indicó a Efe el activista.
Ramírez dijo estar satisfecho por el hecho de que el caso vaya finalmente a juicio, ya que para ello se tuvieron que vencer una serie de obstáculos, entre ellas, la petición del Gobierno federal para que el proceso legal se llevara a cabo a puerta cerrada o la intención de buscar inmunidad para sus agentes.
«Se abre una nueva era para nuestras comunidades, en la que Patrulla Fronteriza no puede seguir abusando de su autoridad sin que haya consecuencias», concluyó.
En los últimos cuatro años, dicha coalición ha denunciado la muerte de al menos 20 inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, pero en ninguno de esos casos se conoce sanción para los oficiales involucrados.
Comments