By “Cada interno que roba 10 mil pesos por la razón que sea, que va a la cárcel, se echa varios meses o años, cada interno cuesta alrededor de 500 mil pesos, sin contar presupuestos de policías municipales ni de organizaciones policíacas federales, al Gobierno del Estado le cuesta casi medio millón de pesos cada persona, roba 10 mil y hay que pagarle 2 millones de pesos para tenerlo dos años, es un mal negocio eso”, dijo Mario Herrera Zárate, coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado.
¿Ustedes creen que con la cárcel se va a curar o se va redimir un adicto? no, debería ser otro tipo de trato, opinó Mario Herrera al asistir hace unos días como invitado de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, organismo colegiado al cual planteó la necesidad de dejar la cárcel para los verdaderos delincuentes peligrosos y buscar fórmulas alternativas para infractores menores, pues de los delitos tipificados en el Código Penal de Baja California solo se utilizan el 12%.
“De los casi 17 mil internos que hay, cerca del 70% son procesos por delitos patrimoniales, con delitos menores a 10 mil pesos el daño, por esos delitos menores, que están asociados a fármaco-dependencia, es decir adictos, a personas sin empleo o personas en extrema pobreza, son la mayor parte de los que cometen ese tipo de robo para vivir o para las dosis de droga”, remarcó.
Todo lo tratamos de resolver con sanciones, entre otras con las sanciones penales y con la cárcel, añadió Herrera Zárate, y la nueva reforma dice que la cárcel se tiene que destinar nada más a delincuentes peligrosos y dañinos, y que para otro tipo de ilícitos hay que ir con las faltas alternativas o por la prevención, pero sobre todo por la reparación del daño cubriendo el debido proceso.
“En lugar de ir por simplificar procedimientos y buscar penas alternativas, la opción no es abrir más tribunales, la opción es simplificar procedimientos, hacer una revisión en el Código Penal para saber cuáles conductas no son dañinas y convertirlas en infracciones penales, que es diferente, para poner por delante la reparación del daño, para qué quieren a una persona que maneja en estado de ebriedad y choca, en la cárcel, es la única manera que no va a pagar”, opinó.
¿No es mejor al que maneja en estado de ebriedad y reincide quitarle la licencia y mandarlo a reeducación dos años?, cuestionó, y sobre todo que le pague a la víctima, que eso es lo más importante, para eso no necesitan ni tribunales ni cárceles; segundo, al borrachito que comete alguna falta menor ¿no es mejor mandarlo a trabajo comunitario, en lugar de tenerlo en la cárcel?
“Los que son penalistas pueden ver el número de tipos penales que hay en Baja California, de esos tipos penales solamente se utiliza el 12%, los demás podían estar con una fórmula general y daría lo mismo si no estuvieran porque no se usan, son delitos antiquísimos, pero les han ido metiendo ahí tipificaciones y especificaciones: el robo de bicicletas o el delito de graffiti, ¿pues qué no hay uno de daño en propiedad ajena? para entonces estar viendo las causas específicas de cada caso”, expuso.
El también prestigiado abogado y académico consideró que primeramente se necesita una revisión del Código Penal para “espulgarle” todas esas “alimañas” que tiene de figuras retóricas y concentrarse verdaderamente en dos cosas: los delitos realmente peligrosos sobre los que hay que ir e identificar los fenómenos o causas sociales que generan delito.
“El migrante cuando no tiene qué comer, ¿a los tres días saben qué va a hacer?, se va a robar y la persona que pierde el empleo y no lo encuentra, y tiene a los niños que tienen que comer, ¿saben qué va a hacer?, lo que sea; necesitamos atender con factores sociales, sobre todo cuando se trata de mujeres jefas de familia o familias de bajos recursos, que por sus condiciones de marginación y de pobreza se enrolan muy rápido en los asuntos de fármaco dependencia y desintegración”, comentó.
Tenemos que modernizar los sistemas en dos sentidos, agregó, que es lo que ya dice la Constitución, sacar lo que son las fórmulas alternativas para poner por delante la reparación de la víctima y luego la verdad legal; sobre eso les diría: hay cuatro fórmulas que prevé la Constitución para impartir justicia sin tanto estructura ni costo, que son las fórmulas alternativas: la mediación, la conciliación, el arbitraje y el esquema de derechos humanos.
“Me parece que hay que capacitar muy bien a jueces y abogados en una nueva concepción del derecho, perdonen, pero hasta el concepto litigante es desagradable en términos de justicia, el litigante es un peleonero profesional, el abogado no debió haber sido preparado para litigar, debió haber sido preparado para defender la justicia y la aplicación de la ley, no para pelear, entonces se está desarrollando una nueva idea de los profesionales del derecho al servicio de la justicia y al servicio de la armonía social, los llamados abogados para la paz”, precisó.
Además, dijo, hay que cambiar la mentalidad en las universidades para que sepan que esta es una nueva concepción de la justicia de aprender y entender el derecho como era en su concepción original, la verdad yo sí creo que debe haber menos estudiantes en las facultades de derecho para que estén los mejores, no podemos tener esa cantidad de estudiantes y estar distorsionando el mercado profesional de trabajo, deteriorándolo con mucha rapidez.
“La última sería modernizar los procedimientos, automatizarlos, perdón, pero un acuerdo que tarda, que va y viene del juez al tribunal, que dura semanas y meses, es inaudito en la era de la cibernética, es inaudito que alguien no pueda hacer una resolución de trámite y que dure meses en hacerla porque requiere, a veces duran semanas de un escritorio a otro; eso no solamente en el caso civil, en el caso de temas administrativos es monstruoso lo que sucede”, finalizó.
El sol de Tijuana
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