By El caso del desalojo de La Bufadora fue llevado a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, quien además presentó un punto de acuerdo en el Senado para que diversas autoridades encuentren una solución.
En la carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, con fecha de recepción del 23 de septiembre, el legislador expone el caso de «más de 200 familias» que dependen del centro comercial y turístico referido, la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito, además de detalles del expediente 666/2010.
«Sin que los locatarios hayan sido llamados a juicio a pesar de tener con toda claridad el carácter de terceros perjudicados.
«El Fideicomiso público que se constituyó sobre dicho corredor se abstuvo inexplicablemente de informar al órgano judicial que los locatarios entraron en posesión de los espacios turísticos, aún antes de que se constituyera el Ejido Coronel Esteban Cantú, parte quejosa en el amparo», según el texto.
Posteriormente solicita que el Ejecutivo, en lo posible, intervenga para buscar una solución.
«Que permita a los locatarios continuar con sus actividades productivas, al Ejido la certeza jurídica de sus títulos agrarios en contraste con la superficie de dotación, y a los habitantes del Municipio de Ensenada continuar gozando de la derrama económica que representa la zona turística de La Bufadora», conforme al escrito.
En la otra misiva, recibida la misma fecha en las oficinas del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, la intención es evitar alguna posible injusticia.
«Me han pedido que se impida alguna injusticia ya que se encuentran a punto de ser desalojado, pues al no haber sido llamados a juicio como terceros perjudicados, el Juez Séptimo de Distrito no se percató de que los locatarios se encuentran en posesión de los espacios comerciales desde antes de la constitución del Ejido Coronel Esteban Cantú», señaló el senador.
Sobre el punto de acuerdo, fue un exhorto a los secretarios de Gobernación, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que junto con el gobierno estatal busquen opciones de solución al conflicto.
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