By Carlos Arnoldo Lobo, el primer hondureño extraditado a Estados Unidos, llegó a un acuerdo con las autoridades y se declaró el viernes culpable de una acusación de narcotráfico en un tribunal de Miami.
«Correcto» respondió Lobo, de 40 años, cuando el juez Darrin Gayles le preguntó si se declaraba culpable de asociación ilícita para traficar cocaína a sabiendas de que sería distribuida en Estados Unidos.
El hondureño, que lució tranquilo y escuchó la traducción al español de la breve audiencia a través de unos auriculares, cambió así su declaración ya que en mayo pasado se había declarado inocente, en su primera comparecencia en el tribunal.
«Acepto su declaración y lo declaro culpable», expresó el juez tras haberle efectuado varias preguntas en busca de determinar si Lobo había tomado la decisión con plena conciencia de lo que significaba, o había sido presionado.
Como parte del acuerdo que selló con la fiscalía, las autoridades le retiraron a Lobo el otro cargo que enfrentaba: asociación ilícita para poseer cocaína con intención de distribuirla en una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense.
El juez Gayles fijó la audiencia de la sentencia para el 21 de noviembre. La condena mínima que podría enfrentar es a 10 años de prisión.
De acuerdo con una investigación de la fiscalía estadounidense, habría sido propietario y habría administrado una flota de embarcaciones que salían desde la costa oriental de Honduras para transportar drogas, principalmente cocaína.
Las drogas eran enviadas desde Colombia y Panamá a Honduras, y desde allí llegaban a Guatemala y México, entre otros países, antes de su destino final, que era Estados Unidos.
Lobo controlaba los cargamentos de drogas que llegaban y partían desde Honduras, según la fiscalía.
Al declararse culpable, Lobo evitará un juicio.
El juez le recordó que deberá cumplir con su condena aunque sea más severa de lo que él espera, y tampoco podrá dar marcha atrás con su declaración de culpabilidad. Le dijo además, que no podrá apelar su pena y le indicó que como es extranjero sería deportado a su país al salir en libertad.
«Sí, correcto, lo entiendo», respondió Lobo en español cada vez que el magistrado le preguntaba si conocía estas condiciones.
Lobo, conocido también como «Negro», fue detenido en su país a finales de marzo, cuando las fuerzas de seguridad lo sorprendieron en una panadería de San Pedro Sula, en la costa caribeña de Honduras.
En mayo fue extraditado a Estados Unidos y desde entonces permanece detenido en una prisión federal del sur de la Florida.
El hondureño, quien operaba empresas de pesca situadas en la isla caribeña de Roatán y está acusado de mantener lazos con el cartel mexicano de Sinaloa, fue perseguido durante años.
Al comienzo de la audiencia permaneció sentado junto a su abogado, Louis Casuso. Pocos minutos después el magistrado le pidió que se acercara, y se mantuvo de pie frente a Gayles con las manos esposadas y grilletes en sus tobillos. Llevaba traje de camisola y pantalón beige de presidiario, y su negra cabellera completamente afeitada.
Minutos antes de que finalizara la audiencia, el fiscal Kurt Lunkenheimer le pidió al juez que le recordara a Lobo que al menos deberá pasar 10 años en prisión y que la pena podría ser de hasta condena perpetua.
Sin embargo, su abogado, Casuso, dijo a la AP que la condena a prisión perpetua «no le aplica» ya que lo impide el tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Honduras y «no le toca bajo las pautas de la sentencia».
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por su nombre en inglés), señaló a Lobo como narcotraficante y previo a su extradición anunció que congelaría cualquier activo que poseyera en territorio estadounidense y le prohibiría realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones de este país.
Lo acusó también de haber traficado cocaína para Joaquín «el Chapo» Guzmán, líder del cartel mexicano de Sinaloa, y para el cartel hondureño Los Cachiros.
La Fiscalía Especial para la Confiscación de Activos del Ministerio Público de Honduras le había incautado en octubre del 2011 unos 500 millones de lempiras, equivalentes a cerca de 26 millones de dólares.
El Congreso de Honduras aprobó en 2012 la extradición a Estados Unidos de personas para casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
En abril un juzgado de primera instancia de Honduras declaró extraditable a Lobo y la Corte Suprema ratifico la extradición el 3 de mayo.
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