By En una maloliente esquina de un oscuro prostíbulo de una peligrosa zona de Comayagüela, una ciudad aledaña a Tegucigalpa, Honduras, una joven cuenta que aún no se atreve a aceptar las ofertas que “unos amigos cercanos” le plantearon, hace unos días, para trasladarse a unos antros en el sector mexicano del sur de la frontera entre México y Guatemala. Le prometieron que, tras recibir las primeras ganancias y ahorrar dinero, le ayudarían a seguir el viaje hacia Estados Unidos.
Por el momento, Candy, de 22 años y oriunda del departamento de Choluteca, en el sur de Honduras, prefiere esperar a que se apacigüen las tensiones por la crisis que se desataron desde mayo en la frontera suroeste de Estados Unidos, con la masiva migración de centroamericanos menores de edad “no acompañados”
“No me engaño con esos cuentos de que a uno le van a dar trabajo en otras cosas, en una tienda o así. Yo sé a lo que voy”, subraya e inmediatamente señala con discreción a otras dos jóvenes: Estefany, de 23, y Shirley, de 20, que atienden a los clientes cerca de la mesa donde Candy está sentada. Todas, probablemente, se embarcarán en una aventura hacia Tapachula, en el sur del Estado mexicano de Chiapas. “Viajaremos juntas… ojalá”, anuncia.
Candy y sus eventuales compañeras apenas son un trío de potenciales víctimas reclutadas por una de las redes de un millonario y tenebroso negocio que azota a Centroamérica: la trata de personas u otras modalidades criminales.
Los países de América central son zona de origen, tránsito y destino de la trata. Prostitutas colombianas, dominicanas, panameñas, nicaragüenses y costarricenses son la sensación para los que provienen del norte de América y los europeos, que viajan a Costa Rica atraídos por el turismo sexual encubierto en casinos y hoteles. Las jóvenes guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses y mexicanas atienden los centros de prostitución en la frontera entre Guatemala y México. Las colombianas y panameñas predominan en Panamá.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para México y Centroamérica describe este negocio como una ecuación sencilla: el crimen organizado transnacional invierte pocos millones de dólares en la trata regional con fines de explotación sexual en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá y gana miles de millones de dólares. La situación es particularmente grave en Costa Rica, con la triple condición de ser país de origen, tránsito y destino.
Las víctimas en Costa Rica “son personas vulnerables, especialmente mujeres y niños y, en menor grado, hombres”, dice Rocío Rodríguez, directora ejecutiva de Alianza por Tus Derechos en este país. Esta organización no estatal estudia los procesos migratorios regionales.
Rodríguez afirma que se han detectado menores de Nicaragua que son traídos a Costa Rica para ser explotados sexualmente y obligados a mendigar, además de niños y mujeres panameñas que son utilizados para pedir limosnas en las calles de San José. «Hay costarricenses engañadas y llevadas a otros países para explotación sexual”, señala.
En un informe sobre el fenómeno, la Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual en Guatemala admite que se carece de “información sobre la magnitud de la trata de personas” en el istmo. “No se sabe quiénes son los tratantes, se ignoran sus perfiles, las rutas que utilizan y el lucro que obtienen. Lo que sí se sabe es que el número de denuncias es mucho menor al número de casos ocurridos”, advierte.
La persecución penal de los tratantes ataca “niveles inferiores de la cadena”, sin castigar “a los altos niveles y menos aún a las estructuras”, subraya el informe. Las mafias, describe, crean redes de complicidades que actúan a menor o mayor escala e involucran a “polleros” o “coyotes” (traficantes de seres humanos), taxistas, empresarios, instituciones financieras, empleados públicos, agentes de seguridad y, en algunos casos, la propia sociedad civil que participa con su aquiescencia silenciosa.
Diario El Pais.
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