El Movimiento Antorchista Nacional denunció presuntos actos de persecución política, amenazas e intimidaciones contra dirigentes sociales en diferentes estados de México, por lo que anunció una jornada de movilizaciones para el próximo miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 11 de noviembre en las afueras de Palacio Municipal de Tijuana, Ignacio Acosta Montes, dirigente del Movimiento Antorchista en la región Noroeste, señaló que la organización ha identificado situaciones que considera preocupantes para el ejercicio de sus derechos de organización y manifestación.

El dirigente explicó que las denuncias se concentran principalmente en Oaxaca, Querétaro, Puebla y Veracruz, donde, según los testimonios recopilados por la organización, sus representantes han enfrentado amenazas, acusaciones judiciales y dificultades para obtener respuesta a demandas relacionadas con servicios públicos, vivienda y educación.
Entre los casos expuestos destacó el de Jerónimo Gurrola Grave, dirigente antorchista de Querétaro, quien, de acuerdo con la organización, ha recibido mensajes intimidatorios y amenazas de muerte después de encabezar movilizaciones para solicitar atención a distintas comunidades.

En Oaxaca, los representantes denunciaron el desalojo de estudiantes de dos albergues y la existencia de una denuncia contra César Hernández Olivera, miembro del comité estatal de la organización, relacionada con una protesta para exigir el suministro de electricidad.
Por su parte, José Juan Bautista Hernández, dirigente antorchista de Guerrero, señaló que en Puebla comerciantes del tianguis conocido como La Curva han reportado amenazas y presuntas exigencias de cobro de piso por parte de un grupo identificado como “13 de Septiembre”.

Asimismo, indicó que en Veracruz existen inconformidades relacionadas con la atención de solicitudes de infraestructura y servicios públicos, además de señalamientos de intimidación contra representantes de la organización.
Ante este panorama, Acosta Montes anunció que una comisión acudirá el 18 de noviembre a Palacio Nacional, durante la conferencia matutina presidencial, para buscar que sus denuncias sean escuchadas por el Gobierno federal.
De manera simultánea, el movimiento contempla manifestaciones pacíficas en las capitales de las 32 entidades federativas. En Baja California, la movilización se realizará en Mexicali, como parte de las acciones coordinadas a nivel nacional.

El dirigente también aclaró que, a diferencia de las situaciones que denuncian en otras entidades, actualmente no identifican una persecución sistemática contra el Movimiento Antorchista por parte del gobierno municipal de Ismael Burgueño o de la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Los representantes señalaron que previamente acudieron a la Secretaría de Gobernación, donde solicitaron atención a sus planteamientos. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han obtenido los resultados esperados.
Finalmente, el Movimiento Antorchista advirtió que, en caso de no recibir una respuesta de las autoridades federales, podría iniciar una campaña nacional denominada “En defensa de la organización popular y de sus líderes sociales”, con nuevas acciones para exigir garantías al ejercicio de sus derechos y atención a las necesidades de las comunidades que representa.












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