By El estado de California intensificó su ofensiva legal contra Amazon al solicitar a un juez una orden judicial preliminar que frene lo que considera prácticas destinadas a bloquear la competencia en precios dentro del comercio electrónico.
La acción forma parte de una demanda antimonopolio presentada hace tres años y medio, en la que también se reclama la recuperación de ganancias presuntamente obtenidas de manera indebida.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó el recurso ante el Tribunal Superior del estado en San Francisco.
En su planteamiento, sostiene que la compañía fundada por Jeff Bezos habría desplegado una estrategia para evitar que los comerciantes ofrecieran productos a menor precio en plataformas competidoras, con el objetivo de mantener su propia rentabilidad y posición dominante en el mercado.
De acuerdo con el documento judicial, la oficina del fiscal detectó múltiples interacciones en las que Amazon, comerciantes y presuntos rivales habrían coordinado aumentos de precios o retirado temporalmente productos de otros sitios de venta, eliminando así la presión competitiva. Entre las plataformas mencionadas se encuentran eBay, Target y Walmart.
Uno de los puntos centrales del litigio es el acceso a la llamada “Buy Box”, el espacio dentro de Amazon que permite a los usuarios concretar compras mediante las opciones “Agregar al carrito” o “Comprar ahora”.
Según la fiscalía, esta herramienta concentra la mayoría de las ventas en la plataforma, por lo que perder visibilidad en ese apartado puede representar un impacto significativo para los vendedores.
Bonta argumenta que los comerciantes que no se alinean con las condiciones de precios exigidas por Amazon pueden ver restringido o bloqueado su acceso a esta sección clave del sitio, lo que, en su opinión, equivale a una forma de presión que limita la libre competencia.
En su presentación ante la corte, el fiscal sostuvo que la conducta atribuida a la empresa busca aislarla de la competencia directa en precios.
“Damos la bienvenida a las empresas que triunfan ofreciendo mejores precios y mejor servicio”, señaló Bonta en su escrito, al tiempo que calificó la actuación de la compañía como una práctica que impacta negativamente a los consumidores.
La medida cautelar solicitada pretende suspender de manera inmediata las conductas señaladas mientras el caso avanza hacia juicio. Además, se contempla la designación de un monitor independiente que supervise el cumplimiento de la orden judicial en caso de ser concedida.
Por su parte, Amazon ha sostenido en documentos judiciales que sus acuerdos con vendedores son legales y habituales dentro del sector. La empresa argumenta que estas prácticas son “procompetitivas”, ya que permiten mantener una amplia oferta de productos, disponibilidad constante y precios competitivos para los consumidores.
Hasta el momento, la compañía con sede en Seattle no ha emitido comentarios públicos adicionales en respuesta a la solicitud más reciente presentada por la fiscalía, para el juicio previsto en enero de 2027
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