By Por: Roberto Quijano Luna / Abogado. Académico. Autor
Para recaudar impuestos se necesita crecimiento económico formal. Si el PIB crece, la recaudación aumenta; si decrece, cae. El ejercicio fiscal de 2025 registra una desaceleración clara que, todo indica, persistirá durante el segundo semestre. Idealmente, el Estado debería ajustar su gasto en función de esta realidad económica. Pero en los hechos, los gobiernos siguen gastando como si nada pasara. Mientras el sector privado aprieta el cinturón, el sector público sigue derrochando.
Como señalé, sin actividad económica formal no hay recaudación. Son los contribuyentes registrados ante el SAT, IMSS y otras autoridades quienes aportan a las finanzas públicas. Además de los impuestos federales, quienes operan en lo local deben cumplir con regulaciones e impuestos estatales y municipales. Entre ellos, destaca el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como impuesto sobre nómina.
Este impuesto fue concebido para financiar infraestructura, seguridad y educación: condiciones básicas para facilitar la actividad productiva. Sin embargo, con el crecimiento del aparato gubernamental en Baja California, también creció su dependencia del impuesto sobre nómina, hasta convertirse en su principal fuente de ingresos después de las aportaciones federales.
Al inicio del actual gobierno estatal, se asumió que el empresariado local, principal afectado por este im- puesto, acataría cualquier aumento. Como el sector está desarticulado y es políticamente inofensivo, el Congreso aprobó sobretasas de dudosa constitucionalidad durante 2021. Ante la oleada de amparos, el gobierno cambió de estrategia: reformó directa- mente la Ley de Hacienda para evitar la procedencia del juicio. Nuevamente, hubo inconformidades… pero se acató el aumento. Hoy queda en 4.25%, cuando hace unos años estaba a 1.8%.
Años después, la tasa se mantiene. No ha subido, no por falta de voluntad legislativa, sino porque el contexto económico lo desaconseja. En tiempos de incertidumbre y desaceleración, seguir exprimiendo a los mismos, las “vacas gordas”, puede ser fatal para sectores clave como el industrial, que podrían optar por mudarse a otra entidad o país.
Hoy, operar un negocio formal en Baja California es mucho más costoso que hace unos años, tanto por factores externos (inflación, tasas de interés, cadenas de suministro) como internos, en particular la carga fiscal. El gobierno insiste en ordeñar al empresario formal para sostener gestiones ineficientes y gasto público mal dirigido.
Frente a este panorama, deberíamos hacer todo lo posible para promover nuestras ventajas comparativas: ubicación, talento humano y cercanía con Estados Unidos. Una variable clave es la política fiscal. Si se redujera a la mitad el impuesto sobre nómina, la inversión aumentaría, y muchas empresas acelerarían su expansión. Al menos, volveríamos a ser un destino atractivo.
Pero, ¿cómo cuadrar esto con el hecho de que ese impuesto es la principal fuente de ingresos del Estado? Si lo reducimos o abolimos, ¿de dónde saldrán los recursos?
La respuesta es clara pero incómoda: fortaleciendo la hacienda estatal, recuperando facultades fiscales, y combatiendo la informalidad. Pero eso aún suena lejano.
Por lo pronto, ahí les dejo la in- quietud. Y mientras tanto… sigan pagando sus altísimas tasas de impuesto sobre nómina, y no se quejen.
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