Inteligencia artificial, privacidad y fronteras digitales

Por: Wendy Plascencia / Politóloga experta en sociedad y cultura

La frontera Tijuana-San Diego es un cruce de realidades, anhelos e historias, pero tam- bién de datos. Más de 100,000 personas atraviesan diariamente el puerto terrestre de San Ysidro —el más transitado del mundo— dejando una huella digital enorme y llena de matices. En 2022, se registraron más de 36 millones de cru- ces humanos en la frontera Tijuana-San Diego, sin contar vehículos ni carga. Esta cifra refleja la magnitud de la movilidad transfronteriza y su impacto en la generación de datos personales. Según reportes oficia- les del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del San Diego Association of Governments (SANDAG), estos cruces incluyen tanto peatones como usuarios de vehículos particulares, consolidando a San Ysidro como el puerto fronterizo terrestre más transitado del mundo (INEGI, 2023; SANDAG, 2024).

Hoy, cada paso, cada compra y cada trámite en la frontera genera una estela de datos personales y biométricos: identifi- caciones, registros fiscales, historiales médicos, imágenes de cámaras y más. Nos encontramos ante una nueva dimensión de la frontera: la digital, que nos obliga a preguntarnos de quién son esos datos y cómo se protegen.

El asunto no es menor. Por un lado, en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) otorga el marco legal para que el sector privado mane- je datos con responsabilidad, y el Instituto Nacional de Transpar- encia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo público autónomo encargado de garantizar el cumplimiento de esta ley. Desde 2010, el INAI ha resuelto más de 4,000 casos relacionados con la protección de datos, fortaleci- endo la cultura y la supervisión en esta materia (INAI, 2023).

Del otro lado, en California, la California Consumer Privacy Act (CCPA) permite a los consumidores controlar su información personal, con casi la mitad de las solicitudes de gestión de datos proveniente de empresas con operaciones transfronterizas en la región. Este reflejo binacional evidencia que la protección de datos es una preocupación cotidiana para quienes viven, trabajan y ha- cen negocios en la frontera (CCPA, 2020).

Ejemplos concretos ilustran estos retos: el Cross Border Xpress (CBX), que ha movilizado a más de 15 millones de pasajeros desde 2015, encamina la implementación de controles biométricos que agilizan el cruce y amplifican la captura de datos personales (CBX, 2023); SIMNSA, hospital binacional, gestiona más de 300,000 ex- pedientes médicos cruzados al año bajo normas duales; sin em- bargo, menos de dos de cada diez empresas que operan en esta zona cumplen al 100% con las regulaciones en ambos lados, según análisis de la Cámara de Comercio local y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), lo que expone riesgos regulatorios significativos.

La realidad digital en la frontera no puede abordarse sólo con la legislación vigente. La creciente cantidad y complejidad de datos que se generan demanda un marco normativo actualizado y un organismo regulador con mayores facultades técnicas y jurisdic- cionales. El INAI, a pesar de su autonomía y avances, enfrenta lim- itaciones de recursos y alcance para supervisar adecuadamente el entorno digital actual, especialmente en zonas estratégicas como nuestra frontera.

Por ello, es imprescindible que el Congreso de la Unión asuma un compromiso decidido para fortalecer al INAI o crear un ente dedicado exclusivamente a la gobernanza de datos personales, con capacidad para coordinar políticas nacionales y cooperación binacional. Esta transformación legislativa no solo incrementaría la protección de los derechos digitales de la ciudadanía, sino que también impulsaría la confianza y competitividad de México en la economía digital global, asegurando un desarrollo sostenible con justicia social. La frontera, como punto central, debe ser prioridad en esta agenda nacional, que requiere diálogo amplio y consensos para adaptarse a una realidad tecnológica en constante evolución.

Pero la frontera no es sólo sumas y restas de problemas. También es espacio de innovación y de soluciones inéditas. La Agenda Compartida Tijuana–San Diego 2030, impulsada por un conjunto de más de 25 organizaciones binacionales, entre ellas El Colef, Smart Border Coalition y cámaras empresariales, propone acciones concretas para lograr un desarrollo sostenible con jus- ticia social (El Colef, 2024). Este esfuerzo colectivo multisectorial representa un compromiso formal para construir una región bina- cional fuerte, inclusiva y con visión de futuro, orientada hacia la colaboración, la responsabilidad ambiental y la equidad social.

Esta iniciativa alimenta proyectos piloto de códigos de conducta comunes, ventanillas digitales conjuntas y el uso ético de la inteligencia artificial en la gestión fronteriza. Las tecnologías emer- gentes, como el reconocimiento facial y los algoritmos predictivos, multiplican las preguntas éticas: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿cómo garantizar el consentimiento y la transparencia para quien cruza la frontera cada día sin renunciar a sus derechos?

En suma, los datos en la frontera no son un tema técnico res- ervado a abogados o programadores; son la materia prima de la economía, la salud
pública y la seguridad. Son, sobre todo, un reflejo de la confianza y la colaboración entre dos sociedades entrelazadas, que sólo podrán aspirar a un liderazgo innovador y justo si logran proteger, administrar y entender el flujo de datos tanto como el de las personas y así construir juntos una frontera más viva y protegida.