La anarcotiranía en la que vivimos

El concepto de anarcotiranía describe una situación donde un gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley en casos de delitos graves, como aquellos cometidos por el crimen organizado, pero ejerce un control autoritario y punitivo en otros aspectos más triviales o arbitrarios. Este término aplica a la realidad de Tijuana y México, donde se observa una marcada discrepancia en la aplicación de la ley, con consecuencias profundas para la sociedad y la economía.

En Tijuana, la presencia del crimen organizado es manifiesta y avasalladora. Los delitos violentos parecen desarrollarse con un grado de impunidad que sugiere una negligencia o complicidad gubernamental. Esta situación se alinea con la parte “anárquica” del concepto de anarcotiranía, donde la ley y el orden no se imponen efectivamente sobre la criminalidad. Los ciudadanos experimentan una inseguridad constante, con homicidios, cobros de piso y otros delitos que no se resuelven o ni siquiera se investigan adecuadamente. El gobierno parece incapaz o desinteresado en enfrentar estas amenazas, dejando a la población vulnerable a la violencia y la extorsión.

Por otro lado, la “tiranía” se manifiesta en el trato desigual y a menudo opresivo que reciben los ciudadanos y sus negocios formales. En Tijuana, los vendedores ambulantes pueden operar libremente, a menudo en condiciones que no cumplen con las regulaciones de salubridad y seguridad, y sin temor a sanciones. Sin embargo, los negocios establecidos, que intentan cumplir con todas las normativas, enfrentan una fiscalización rigurosa y, en muchos casos, arbitraria. Un ejemplo claro es la imposición de multas o el cierre de establecimientos por razones cuestionables, mientras que las actividades informales prosperan sin control.

Este desequilibrio no solo refleja una falla en la administración de justicia, sino que también señala una corrupción sistémica y una falta de coherencia en las políticas gubernamentales. Las autoridades, en muchos casos, parecen ejercer su poder de manera selectiva, enfocándose en quienes tienen menos poder de resistencia, como los pequeños empresarios formales, mientras permiten que actores más poderosos, incluidos aquellos vinculados al crimen organizado, operen sin restricciones.

Para romper este ciclo, es crucial que la sociedad y el gobierno trabajen para fortalecer el Estado de derecho y asegurar una aplicación justa de la ley. Esto implica, un compromiso sostenido para combatir el crimen organizado, incluyendo la desarticulación de redes de corrupción que facilitan su operación. Por otro lado, es necesario garantizar que las leyes se apliquen de manera uniforme, sin favorecer a ciertos grupos ni castigar injustamente a otros. Esto requiere transparencia en los procesos administrativos y judiciales, así como la creación de mecanismos de rendición de cuentas efectivos para los funcionarios públicos.

Numerosos países del mundo parecen estar gravitando hacia anarcotiranías frente a la degradación de sus instituciones públicas y tejido social. La gangrena de la criminalidad y economía informal carcomen cada rincón de la esfera pública. Es momento de tomar con seriedad este problema o seguir viendo en tiempo real cómo se desmorona nuestra noble aspiración de vivir en una sociedad libre y justa para todos.