By Por: Edgar Ortiz Ángel / Coordinador en BC “Que Siga la Democracia” y promotor de la Dra. Claudia Sheinbaum
En la historia mundial han existido diversas formas de gobierno y sistemas políticos. Por ejemplo, la tiranía, donde el poder reposa en una sola
persona, y la oligarquía, donde recae en un grupo reducido de individuos, usualmente de la misma clase social. y por supuesto, también existe la democracia, donde el poder reside en la mayoría del pueblo.
México ha experimentado y sufrido diversos regímenes, desde la monarquía y la dictadura hasta dos imperios, los cuales pueden entenderse como sistemas tiránicos y oligárquicos. No fue hasta la época de Juárez y Madero, y con la implementación de la Constitución socialista de 1917, que llegó la democracia, esto último gracias al reclamo de la Revolución Mexicana.
La democracia, en su definición estricta, es el poder del pueblo. En un sentido más amplio, es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esto está estipulado en diversos artículos de nuestra Carta Magna, que considero pertinente señalar:
Artículo 39. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Artículo 40. “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal” …
Artículo 41. “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión” …
Estos textos sagrados son, en gran parte, la esencia de la política y del gobierno en México. Las mexicanas y los mexicanos entendemos perfectamente que el poder reside en nosotros para nuestro beneficio. Somos una democracia donde mandan las mayorías, con representantes populares a quienes entregamos dicho poder y tenemos la facultad de cambiar nuestra forma de gobierno en cualquier momento.
Nuestro poder lo entregamos al Ejecutivo (presidente de la República, gobernadores, alcaldes), al Legislativo (senadores, diputados federales y locales) y al Judicial (ministros, magistrados y jueces). Depositamos ese poder en nuestros representantes mediante el voto, al menos en lo que respecta al poder Ejecutivo y Legislativo. Pero ¿por qué no al Judicial? La historia nos señala que dicho poder es seleccionado por los congresos y el propio sistema judicial, es decir, mediante autonombramientos.
Doy este antecedente para entrar en materia referente a la reforma al Poder Judicial que propone el presidente López Obrador y que está actualmente en discusión mediante foros públicos en todo el país. Dicha reforma consiste en aplicar la austeridad republicana, la selección popular de ministros, magistrados y jueces, reducir el número de ministros y la duración de sus cargos, sustituir el Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y otra área administrativa, así como una serie de reglas para el mejoramiento interno que deriven en una justicia pronta y expedita, de fácil acceso para las y los mexicanos.
Por una parte, quienes están a favor, según encuestas recientes, son el 80% de los mexicanos. Esto se debe a los vicios del Poder Judicial, como la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo, con familias enteras heredando plazas y viviendo del erario. Los sueldos de los ministros superan los 500 mil pesos mensuales, lo cual va en contra del mandato popular de la austeridad republicana y el principio de que nadie debe ganar más que el presidente. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
En contraparte, los ministros, magistrados y jueces defienden el régimen actual del Poder Judicial, argumentando que es necesario que los servidores de este poder ganen bien para no caer en la corrupción. Además, consideran que sería un error garrafal permitir que el pueblo elija a sus jueces, ya que carecen de los conocimientos técnicos necesarios. Nos hablan de que, en ocasiones, la democracia se equivoca, es decir, que el pueblo no tiene el conocimiento suficiente sobre estos asuntos de gobierno.
¿Quién tiene la razón o el derecho de hacer estos cambios? ¿Quiénes son los que mandan en una democracia? ¿A quién se deben los servidores públicos?
Con estos cuestionamientos, vuelvo a los artículos mencionados al inicio. Si el poder reside en nosotros, lo depositamos en nuestros representantes y tenemos el poder de cambiar nuestra forma de gobierno en cualquier momento, y si somos una democracia donde mandan las mayorías, quiere decir que el pasado 2 de junio el pueblo mayoritariamente se volcó
a favor de la Reforma Judicial. La propuesta ha tenido gran visibilidad y fue anunciada de manera pública y continua durante la campaña pasada, convocando a votar por el Plan C para alcanzar las mayorías calificadas en los congresos e implementar dichas modificaciones. Es decir, el pueblo otorgó mediante el voto ese poder reformador.
Entonces, se entiende que somos una república democrática. Sin embargo, existe una enorme resistencia que parece desacreditar nuestro actual sistema político y la propia Constitución, validando solo el poder de unos cuantos, de un grupo minoritario, una cúpula de la misma clase, donde aspiran a que el poder se ejerza desde unos pocos, es decir, desde una oligarquía.
Con esto finalizo: ¿Qué sistema político es el que aspiramos fortalecer? ¿Uno donde mande la mayoría del pueblo o uno donde las decisiones las tomen unos cuantos privilegiados? Estamos ante un escenario que proyecta la defensa de la democracia contra la oligarquía.
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