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El precio de la expansión

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Por: Wendy Plascencia / Politóloga experta en sociedad y cultura

La premisa es aparentemente sencilla: “A todos nos gustaría vivir una vida decente en un lugar digno”. Esta hipótesis debería dirigir cualquier reflexión sobre política de vivienda. Sin embargo, la realidad es que la vivienda, un derecho universal, se ha convertido en un bien de lujo en lugar de una necesidad básica. Para abordar esta problemática en Tijuana, es crucial entender cómo la vivienda está intrínsecamente vinculada con el desarrollo urbano de una ciudad.

El sistema jurídico urbanístico en México tiene como objetivo regular los procesos de planeación, urbanización, edificación y control de la dinámica urbanística de los centros de población. Dos problemas fundamentales surgen en este contexto: la autonomía municipal y el planeamiento urbanístico. La distribución de poderes en el sistema federal mexicano, mediante las facultades legislativas otorgadas por la Constitución a la Federación y sus entidades, se centra en los municipios y su atribución constitucional sobre los asentamientos humanos y el urbanismo. Esto crea tensiones en el ejercicio de competencias, especialmente en la ordenación del territorio.

La expansión urbana en las poblaciones fronterizas, como Tijuana, refleja los procesos de crecimiento de las grandes ciudades. Tijuana es considerada la quinta ciudad con mayor población en México, con una población mayor a 1.6 millones de personas. En 2020, la población en Tijuana fue de 1,922,523 habitantes (50.4% hombres y 49.6% mujeres). Comparado con 2010, la población creció un 23.3%, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Esta creciente demanda ha impulsado la construcción de residencias, oficinas, comercios, hoteles, hospitales y más, particularmente en zonas como el Centro, Aguacaliente, Playas de Tijuana, Otay y Tercera Etapa de Río. Tijuana tiene una economía mixta (en pesos y dólares), y estas áreas han destacado para los desarrollos verticales; lo que ha beneficiado la construcción de nuevas viviendas para comprar o rentar.

No obstante, el crecimiento desorganizado ha impactado negativamente la calidad de vida, creando una escasez de viviendas accesibles en áreas bien ubicadas. La oferta inmobiliaria en esta región es una de las más grandes y costosas de México, y en el futuro generará aún más demanda en la construcción de diversas infraestructuras. Sin embargo, este desarrollo no siempre es debidamente regulado, lo que agrava la problemática de accesibilidad y calidad de vida.

El caso de Nueva York ilustra claramente cómo un boom de vivienda puede coexistir con una alta cantidad de personas sin hogar. Este fenómeno se debe a que la vivienda se ha convertido en un activo para quienes tienen un poder adquisitivo más alto, en lugar de una solución habitacional para todos. La falta de una provisión de vivienda fuera del mercado está directamente relacionada con las turbulencias del sistema capitalista, como el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso de las hipotecas en 2007.

Para conquistar el derecho a la ciudad, es fundamental estudiar y entender el mapa general de nuestras aspiraciones. Tijuana, con su crecimiento acelerado y desorganizado, refleja los retos y contradicciones del desarrollo urbano en el contexto capitalista. Es imperativo que las políticas de vivienda se enfoquen en garantizar el acceso a viviendas dignas y accesibles para todos, priorizando el bienestar de la población sobre los intereses del mercado. Solo así podremos construir una ciudad más justa y equitativa, donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad compartida por todos sus habitantes y no solo vaya dirigida a la población que recién se establece en esta ciudad, creando una demanda alta y, por lo tanto, unos costos que no son razonables para el bolsillo del trabajador promedio.

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