En el marco de la reunión de socios del Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña, el ex Fiscal General de BC destacó la importancia de reforzar programas preventivos dirigidos a la juventud.
Durante la reunión de socios del Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña, que preside el Lic. Abraham Montes Zavala, se tuvo como invitado al Lic. Guillermo Ruiz Hernández, a quien se le entregó un reconocimiento por su trayectoria como litigante y como primer Fiscal General de Baja California.
“Me da mucho orgullo que los abogados me hagan esta distinción. El trabajo que hemos hecho por más de 50 años ha sido por Tijuana, por Baja California, para que sea una entidad próspera”, expresó.
El Lic. Ruiz Hernández enfatizó la importancia de trabajar con las nuevas generaciones, con la juventud, para que no caigan en adicciones y en la delincuencia.
En ese sentido, subrayó la necesidad de reforzar esquemas preventivos, de ahí que durante su administración como Fiscal General del Estado se creó la escuela preparatoria militarizada “Gral. Enrique Bordes Mangel”.
Comentó que a dicho plantel le falta un 10% para concluir sus instalaciones, por lo que será un tema que abordará con el gobierno del estado para que se concrete.
Por otro lado, el Lic. José Luis Molina Magaña, expresidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), señaló que el poder judicial de Baja California requiere de mayores recursos para estar a la par del crecimiento poblacional.
“Mientras no exista un presupuesto fijo para el poder judicial no habrá independencia y autonomía, porque el poder ejecutivo siempre exige cuotas, lo que impide que el poder judicial crezca al ritmo que exige la sociedad”, anotó.
El abogado refirió que el poder judicial requiere de al menos un 4% del presupuesto estatal, donde Tijuana es el municipio que necesita de mayores recursos, dado el tamaño de la población que se tiene.
“Se acaban de formar dos juzgados familiares que son paliativos, pero se requieren de unos tres más, para poder cumplir con una justicia pronta y expedita, tal como lo marca la Constitución Mexicana”, concluyó.
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