Ha dado inicio la gestión del nuevo periodo de gobierno del estado de Baja California, emanado de un movimiento político que primero arribó al poder presidencial en el país bajo las siglas del partido MORENA y posteriormente se convirtió en una nueva mayoría representada en el Congreso, los Ayuntamientos y el Poder Ejecutivo de la entidad.
En medio de una polémica intensa sobre lo que será la duración de este ciclo estatal encabezado por Jaime Bonilla Valdez, se dan las primeras acciones de una administración pública que tiene el reto de implementar en la entidad los principios y postulados del proyecto de nación que jefatura el presidente López Obrador y que inevitablemente tienen que ver con el reclamo de seguridad pública, la justicia salarial en el sector educativo, el combate a la corrupción, las pensiones de los jubilados, la controversia por el agua, los adeudos gubernamentales, el fenómeno migratorio, la crisis en el campo y en el sector pesquero, y en general el cumplimiento de los compromisos de campaña que se hicieron con los diversos sectores de la población.
No será pues un paseo de campo el camino a recorrer por el nuevo gobierno, que de entrada tiene muchos frentes abiertos, cada uno con adversarios dispuestos a capitalizar cada error o descuido que se vayan cometiendo, para dinamitar los puentes y accesos que se requieren para transitar por la ruta de la gobernabilidad y el desarrollo de la entidad.
En este marco no se descarta un el resurgimiento de las grandes movilizaciones de inconformidad social, si se generara la percepción de que no hay un verdadero cambio de fondo en la gestión gubernamental y de que en la lógica dominante siguen prevaleciendo la búsqueda de intereses particulares, mientras se soslayan las soluciones a los sectores sociales.
El reto mayor, de tipo fundacional, es trazar con hechos una línea divisoria entre el poder político y el poder económico, que le dé sentido real al discurso de la Cuarta Transformación en la entidad, lo cual se dice fácil pero no lo es y mucho menos en esta región del país en donde lo más común ha sido el histórico control que han ejercido diversos grupos económicos sobre las dependencias gubernamentales, colocándolas a su servicio.
De ahí que el frágil respaldo social con que llegan al poder los representantes de la 4T, obligue a sus estrategas a trabajar en la construcción y fortalecimiento de alianzas con sectores estratégicos de la sociedad, tal y como lo es el universo que compone el sector educativo de todos los niveles y tipos que existen en la entidad, cada segmento con problemas y necesidades muy específicas y sentidas, que sin falta deben de ser abordadas y atendidas de manera satisfactoria.
Como hemos comentado, existen muchos conflictos en el territorio, pero ninguno con el alcance y la implantación social que tienen los problemas del sector educativo y si al paso de unos meses no se mira un cambio significativo en su relación con el Gobierno del Estado, el efecto será muy notorio en el humor de la población y en particular de los directamente afectados, de eso no hay duda.
Todo está por verse aún. Esto apenas inicia y a pesar de que las cosas están muy cuesta arriba para el nuevo gobierno, cuenta sin duda con un pequeño margen de maniobra que viene a ser un recurso no renovable, para tejer y tejer fino. Que así sea.
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