¿Y dónde está Murillo? Sigue tan cansado que: ¿no va a defender su verdad histórica?

Desaparecido de la escena desde hace 10 días, cuando dejó su cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, el ex procurador Jesús Murillo Karam es hoy el hombre sobre el que recaen la mayoría de señalamientos del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las conclusiones de los expertos internacionales convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refutan varias de las afirmaciones de la investigación que coordinó Murillo Karam desde la PGR y hacen añicos la pretendida “verdad histórica” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Tal vez Murillo sabía que los científicos y peritos contratados por la CIDH iban a exhibir su endeble investigación y por eso él mismo le pidió al presidente ser relevado de la Sedatu el pasado 27 de agosto, luego de que el presidente lo sacó de la PGR donde, además de su célebre frase del #Yamecansé, también sostuvo que los 43 normalistas habían sido detenidos solamente por la policía de Iguala, que la razón de su detención fue porque “iban a interrumpir el acto de la presidenta del DIF municipal y esposa del alcalde”, y que tras ser entregados a sicarios del grupo de Guerreros Unidos, los 43 alumnos habían sido asesinados y luego incinerados “en una pira humana en el basurero de Cocula”.

Todas esas “verdades históricas” —como torpemente las calificó Murillo en aquella conferencia de noviembre de 2014— fueron ayer desmentidas, rechazadas y refutadas con pruebas científicas por los expertos del GIEI, que concluyeron, tras revisar las indagatorias de la PGR, declaraciones de testigos y detenidos, que en la detención de los jóvenes también participó la Policía Federal que al menos vigilaba el momento en que capturaron a los estudiantes; que también hubo personal militar del Ejército que estuvo al tanto del operativo; que la desaparición y muerte sí fue un acto de Estado, aunque hayan participado criminales en colaboración con autoridades; y, la más grave y que tira por tierra toda la credibilidad de la investigación oficial: que los 43 cuerpos de los jóvenes no pudieron ser incinerados en 16 horas como máximo en el basurero de Cocula porque no hay evidencias, huellas ni posibilidades científicas de que eso pudo haber ocurrido.

Al duro revés contra la versión oficial, se sumaron 10 recomendaciones que el grupo de expertos hizo al gobierno mexicano, una de ellas, la más significativa, fue responder una premisa básica que nunca contestó la investigación de Murillo: ¿Cuál fue el móvil por el que desaparecieron y asesinaron de forma tan brutal a 43 jóvenes estudiantes? Y ahí la recomendación del GIEI es indagar si el móvil tuvo que ver “con el transporte de estupefacientes en camiones del estado de Guerrero,” algo que en esta columna le informamos desde el 15 de noviembre de 2014, con el título “¿Fue el móvil la goma de opio? (http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2014/11/109797.php [1]) donde justamente planteamos que uno de los camiones secuestrados por los normalistas en la terminal de Iguala iba cargado con goma de opio que sería transportada a la ciudad de México y de ahí a la frontera con Estados Unidos, lo que pudo ser causa de la brutal agresión.

Ante el golpe a su credibilidad, la reacción del gobierno federal ayer fue inmediata. El mismo presidente Peña Nieto ordenó a la PGR asumir las conclusiones de los expertos internacionales e integrarlas a la investigación que formalmente no está cerrada. La PGR, y su titular Arely Gómez, aceptó también ipso facto ordenar nuevos peritajes que revisen los ya realizados y la oposición y organizaciones sociales exclamaron que el informe “desacredita al gobierno y pone en duda a las instituciones mexicanas”.