By Los gobiernos de Michoacán, Oaxaca y Guerrero desviaron en conjunto más de 427 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) al pago de maestros comisionados, bonos, gratificaciones, incentivos y apoyos a las movilizaciones de la disidencia magisterial.
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2013, entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, las irregularidades por esos conceptos sumaron 331.2 millones de pesos en Michoacán, 85.3 millones en Oaxaca y 10.8 millones en Guerrero.
El órgano superior de fiscalización formuló para Michoacán y Oaxaca una serie de observaciones por el daño al erario federal, mientras que el gobierno de Guerrero decidió, en aquel entonces, reintegrar los recursos indebidamente ejercidos y dar por solventada la desviación.
En contraste con las compensaciones económicas pagadas a los maestros disidentes, la mayoría de los alumnos de primaria y secundaria en esas entidades registra conocimientos insuficientes o apenas elementales en español y matemáticas.
De forma paralela, las secciones sindicales en dichas regiones amagan con boicotear la jornada electoral del próximo 7 de junio.
Pagos indebidos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó diversas irregularidades en la quinta parte de los recursos del FAEB ejercidos en Michoacán, que en total acumuló un probable daño al erario federal por 2 mil 467 millones de pesos en ese renglón.
La mayor parte de ese dinero —2 mil 139 millones de pesos— se transfirió a cuentas bancarias ajenas al fondo educativo y hasta el cierre de la auditoría correspondiente no habían sido reintegrados.
Respecto a los desvíos en beneficio del magisterio, el gobierno michoacano pagó a los profesores disidentes 223.7 millones de pesos por concepto de «bono estatal de productividad», «bono de recuperación salarial», «bono de ajuste», «bono de apoyo a la economía», «estímulo a la superación educativa», «compensación docente y administrativa», «incentivo a la labor», «eficiencia en el trabajo homologado» y «día del empleado administrativo», entre otros.
El órgano de fiscalización a cargo de Juan Manuel Portal precisó que dichos privilegios «corresponden a convenios celebrados en minutas especiales entre la Secretaría de Educación estatal y la sección sindical 18 no autorizados por la Secretaría de Educación Pública».
Además, las autoridades michoacanas avalaron 8 mil 891 pagos por 41.1 millones de pesos a 229 empleados adscritos a centros de trabajo no financiables por el FAEB, así como 23 mil 221 pagos por 18.4 millones a personas sin puesto alguno en la nómina.
El gobierno de Michoacán avaló también 8 mil 122 pagos por 38.3 millones de pesos a 129 trabajadores del magisterio «comisionados indebidamente con goce de sueldo», así como mil 456 pagos indebidos por 5 millones a maestros adscritos a un centro escolar.
Los resultados de la evaluación a los alumnos de educación básica cuestionan por sí mismos el ejercicio de los recursos en el estado. En secundaria, 60 mil 367 alumnos fueron examinados en español y 61 mil 199 en matemáticas: 88.7 por ciento obtuvo una calificación insuficiente o elemental en la primera asignatura y 85.2 por ciento en la segunda.
La evaluación de 103 mil 854 alumnos de primaria en español arrojó resultados insuficientes o elementales en 54.2 por ciento de los casos, mientras que en matemáticas, 49 por ciento.
En conclusión, para la Auditoría Superior de la Federación Michoacán registra insuficiencias en el logro educativo y, adicionalmente, el estado «no realizó una gestión razonable de los recursos del FAEB».
‘Aviadores’ y transporte
El informe de fiscalización 2003 registra un probable daño patrimonial por más de 313 millones de pesos al FAEB en Oaxaca. Entre otras irregularidades, la ASF documentó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hizo 9 mil 806 pagos indebidos por 54.7 millones de pesos a 190 trabajadores comisionados a la sección sindical.
Adicionalmente pagó 18.3 millones de pesos a 143 trabajadores comisionados a otras dependencias del estado, así como 22.9 millones más para «Ayuda de Transporte».
El gobierno oaxaqueño cargó asimismo a las cuentas del FAEB un gasto de 211.5 millones de pesos por concepto de «Vestuario, Prestaciones Base, Arrendamientos, Impresiones, Reuniones, Congresos y Convenciones», sin precisar si esos recursos beneficiaron a la sección 22 del magisterio.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidió la aplicación de la prueba Enlace en la mayoría de las escuelas del estado, pero en la evaluación de alumnos de Telesecundaria, 97.1 por ciento obtuvo calificaciones de insuficiente o elemental en español y 95.3 por ciento igualmente en matemáticas.
En primaria se aplicó a 4 mil 711 alumnos en español y a 4 mil 699 en matemáticas, y únicamente en la matrícula de Conafe 91.2 por ciento obtuvo calificaciones insuficientes o elementales en español, y 84.8 por ciento en matemáticas.
En suma, concluyó el órgano superior de fiscalización, «la calidad educativa en Oaxaca presenta insuficiencias, lo cual es más significativo en las poblaciones con mayor rezago social».
Devolución
El gobierno de Guerrero aclaró y reintegró alrededor de 10.8 millones de pesos indebidamente pagados con recursos del FAEB a trabajadores de la educación comisionados al sindicato o asignados a funciones no financiables con recursos federales.
Entre las irregularidades reportadas destaca el desembolso de 10.6 millones de pesos a 31 personas comisionadas a la sección sindical con goce de sueldo. Las autoridades admitieron en su momento las observaciones de la ASF y no solo reembolsaron la cifra señalada, sino también los intereses por 392 mil pesos que generó el recurso en una cuenta bancaria.
El probable daño al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica en Guerrero por irregularidades diversas ascendió en 2003 a 15 millones de pesos y los resultados de la prueba Enlace entre los estudiantes de la entidad reflejan la misma situación que en los otros bastiones de la disidencia magisterial.
Así, 82.7 por ciento de los alumnos de secundaria obtuvo calificaciones insuficientes o elementales en español, mientras 71.8 por ciento se ubicó en ese mismo rango de aprovechamiento en matemáticas.
En tanto, 52 por ciento de los alumnos de primaria acreditó conocimientos insuficientes o elementales en español, mientras 43.4 por ciento en matemáticas.
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