By La Procuraduría General de la República descalificó las «especulaciones» y comentarios «lejanos» a la realidad y sin «sustento» que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), quien aseguró que el Ministerio Público federal incurrió en imprecisiones en la recolección y procesamiento de pruebas en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La dependencia federal recordó que el equipo de especialistas extranjeros fueron aceptados a la investigación sólo por el interés de los familiares de los estudiantes, a pesar de que sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, «por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos».
La institución que encabeza Jesús Murillo Karam dijo que no es aceptable que los argentinos busquen «sembrar la duda» de que en el basurero de Cocula no fueron ejecutados e incinerados los estudiantes.
«La Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia de prensa (del 27 de enero del 2015), y los que integran la investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría», afirmó la dependencia en un comunicado.
Los argentinos, abundó la PGR, «no son autoridad» en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas «rebasa» las funciones que le fueron asignadas.
La PGR precisó que el equipo argentino no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior.
«La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan, aún cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia», mencionó la institución.
Subrayó que además del agente del Ministerio Público de la Federación que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un fiscal de la PGR, buzos de la Secretaría de Marina y más de cien personas de diversas instituciones del gobierno federal resguardando la zona.
«Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF», puntualizó.
Con relación al señalamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la representación social de la federación señaló que el equipo de peritos «no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético».
Detalló que la cadena de custodia fue iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, «por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados».
Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del basurero de Cocula, el 15 de noviembre, se dejó claro que el EAAF no fue convocado, «dado que no» se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes.
La Procuraduría General de la República detalló que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el Equipo Argentino de Antropología Forense participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación.
«A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas».
La PGR exhortó a los argentinos a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa.
«Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación, por tal razón, pudieron acceder al sitio medios de comunicación y familiares».
Sin embargo, señaló la dependencia, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación.
La PGR mencionó que quienes llegaron primero al basurero fueron los miembros del equipo argentino, y quien los recibió fue el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dándoles en todo momento las facilidades para realizar su trabajo inmediatamente, incluyendo dos helicópteros permanentemente a su disposición.
«Respecto de las diferencias encontradas en 20 de 134 perfiles genéticos tomados a los familiares y enviados a la Universidad de Innsbruck por parte del EAAF y la PGR, se señala que este error administrativo de transcripción, fue detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas, incluyendo la que dio positivo al perfil genético de uno de los estudiantes, por lo que es inaceptable la aseveración de que ‘no hubo una explicación clara al respecto’. Aclarando también que corregida la inconsistencia, los 134 registros genéticos correspondientes a familiares podrán ser utilizados en futuras comparaciones», agregó.
Sobre la aseveración realizada en el comunicado en la que señalan que «la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014», en la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros.
«De manera científica, ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad», puntualizó.
Las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula, son parte de las evidencias aún en estudio.
«Según el EAAF dichas prótesis no corresponden a ningún estudiante, sin embargo, la Procuraduría General de la República es puntual en manifestar que no cuenta aún con historial físico, médico o dental de los estudiantes, porque ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos. Hoy la Procuraduría General de la República ha trabajado únicamente con información de perfiles genéticos aportados por la Fiscalía del Estado y por el propio EAAF. Sin omitir que de las declaraciones de los propios autores materiales del multihomicidio se desprende que en dicho lugar habían realizado ejecuciones previamente».
La Procuraduría General de la República aclaró que no ha concluido la investigación, que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos, y reitera, que se ejerció acción penal en contra de quienes confesaron con detalles el secuestro y homicidio de los estudiantes normalistas, en los plazos que marca la ley y que son irreductibles, con base en todas las evidencias encontradas, las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas.
«Por el contrario, de atender los argumentos poco sustentados que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha publicado, no se habría podido ejercer acción penal en contra de los autores de este trágico evento, lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad mexicana», enfatizó.
La PGR finalizó diciendo que en todo momento ha actuado con transparencia y profesionalismo, permitiendo que los familiares y sus representantes, así como el propio equipo argentino, colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos que comprenden la investigación, y manifiesta que seguirán haciéndolo, porque lo que la Procuraduría busca es que se haga justicia.
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