By El Gobierno de Cataluña advirtió hoy al Tribunal Constitucional de “extremismo político y violencia”, luego de que el organismo suspendiera de manera cautelar la consulta independentista programada para el próximo 9 de noviembre.
Así lo se señalan los dos recursos presentados ayer por el Ejecutivo de Artur Mas ante el Constitucional, que el pasado lunes aceptó las impugnaciones del gobierno central y automáticamente invalidó el referéndum independentista, en el que se pretendía preguntar a los catalanes si querían o no que su región se independizara de España.
Los letrados del Gobierno de Cataluña advirtieron en el documento que “es difícil prever las consecuencias” si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, y se remitieron a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.
La resolución apuntó que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma de decisiones, se tiende a alimentar “el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”.
Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Cataluña, así como a los pronunciamientos de numerosos ayuntamientos.
Para reivindicar la legalidad de la consulta, alegaron que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución de España, sus preceptos “ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor”.
El Ejecutivo catalán defendió que las consultas son “un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales” y puso de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.
Además, los letrados recordaron al Constitucional que “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad”.
Por la mañana, el presidente de Cataluña, Artur Mas, reiteró que pese a todo- no va a desistir respecto a la realización del proceso soberanista de la región. “En lo que dependa de mí, el proceso se acaba votando, y votando la pregunta acordada”, afirmó. Por su parte, el partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exigió a Mas mantener la campaña –retirada el martes- “para no ser cómplice” del Tribunal Constitucional.
Mientras, el parlamento regional catalán aprobó hoy la composición de una comisión de control que supervisará la consulta independentista del 9 de noviembre, dando un nuevo paso adelante pese a la suspensión cautelar de la ley de consultas por el Tribunal Constitucional español.
En una tensa sesión, la cámara adoptó por 86 votos a favor de las formaciones soberanistas y 48 abstenciones esta primera medida de despliegue de la ley, que debe amparar la controvertida consulta independentista, aprobando la composición de la comisión, una especie de junta electoral.
«El parlamento no puede votar este punto porque será incumplir y, por lo tanto, desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional», advirtió Enric Millo, del conservador Partido Popular en el poder en España, amenazando con llevar la medida ante la fiscalía. «Pueden tener consecuencias legales ante los tribunales de justicia», agregó.
«Podemos tomar este acuerdo y no cometeremos ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad», replicó Jordi Turull, portavoz de la coalición Convergència i Unió (CiU) del presidente catalán Artur Mas. La creación de la comisión no entrará en vigor hasta que no lo autorice el presidente, que poco antes había descartado ejercer la desobediencia civil.
«No siempre la desobediencia lleva a la victoria», dijo. Enfrentado desde hace años con el gobierno español de Mariano Rajoy, Mas convocó el sábado la consulta sobre la independencia bajo el amparo de una ley del parlamento catalán que le otorga poderes para celebrar consultas no vinculantes.
Dos días después, tanto la ley como la convocatoria fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional al aceptar a trámite los recursos presentados por Madrid.
El gobierno regional anunció el martes que plantará batalla jurídica y se mostró «determinado» a continuar con la consulta, aunque detuvo los actos preparatorios que pudieran comprometer a funcionarios públicos, no sin provocar nuevas tensiones entre soberanistas.
«Ni acataremos ninguna suspensión ni aceptaremos que se acate esta suspensión», afirmó David Fernández, de la extrema izquierda independentista Candidatures d’Unitat Popular (CUP). «Las calles estaban llenas de gente pidiendo que continuáramos», dijo Gemma Calvet, de los independentistas de ERC, segunda fuerza parlamentaria y principales aliados de CiU.
El día anterior, miles de catalanes respondieron a la sentencia judicial con manifestaciones en Barcelona y otros municipios de la región para reclamar su derecho a voto.
Ya en la tarde de hoy, Artur Mas convocó para este viernes a los líderes de las fuerzas que impulsaron la consulta soberanista para acordar una respuesta conjunta ante la suspensión cautelar de la misma decretada por el Tribunal Constitucional. Así lo anunciaron fuentes de la Presidencia de Cataluña, que indicaron que Mas no ha querido comentar el contenido de las reuniones que ha mantenido con las diferentes fuerzas políticas catalanas.
En su reunión del viernes los dirigentes de los partidos catalanes favorables a la consulta deberán consensuar, entre otros aspectos, qué hacen con la suspensión temporal de la campaña institucional para la consulta y la estructura creada para la misma.
Comments